MEF propone ley de concesiones públicas para modernizar contratos portuarios en Panamá

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de su Dirección de Planificación Nacional, anunció que trabaja en la creación de una ley de contrataciones y concesiones públicas que servirá como marco general para los acuerdos portuarios. La iniciativa busca garantizar transparencia, competitividad y atracción de inversión internacional, en un sector clave para la economía panameña.

“Estamos homologando y buscando la forma de tener una ley de contrataciones y concesiones públicas que sirva como paraguas, pero que también permita que cada contrato se ajuste a las mejores prácticas internacionales”, explicó el director general de Planificación Nacional del MEF, Rodolfo Sabonge.

Sabonge recordó que los contratos portuarios vigentes fueron firmados hace más de 25 años y hoy resultan obsoletos frente a los estándares globales.

“La nueva normativa permitirá actualizar estos acuerdos bajo un esquema de benchmarking internacional, asegurando que Panamá mantenga su liderazgo como hub logístico regional”, mencionó.

Las declaraciones del director de Planificación Nacional se dan en una coyuntura crítica: la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) asumió el control de los puertos Balboa y Cristóbal y estructuró dos contratos independientes para garantizar la continuidad, tras la declaración de inconstitucional de la Corte al contrato de Panama Ports Company (PPC) el Estado.

Durante 18 meses, el Estado otorgó la operación temporal de los puertos de Balboa y Cristóbal a APM Terminals, filial de Maersk, y a Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de MSC.

Estas dos empresas del comercio marítimo mundial administrarán las terminales mientras se diseña un nuevo modelo de concesión, en un proceso que deberá ser aprobado por el Consejo de Gabinete y refrendado por la Contraloría.

La empresa PPC, que desde 2015 pertenece al conglomerado CK Hutchison Holdings, queda fuera del radar portuario panameño tras más de dos décadas de concesión.

Carlos E. González de La Lastra, experto en temas portuario, explicó que el artículo 258 de la Constitución establece que los puertos o esteros son del Estado, mientras que la ley que creó a la AMP dicta que la entidad es la responsable del manejo portuario y la Ley del 2008 establece los requisitos para dar concesiones.

“En otras palabras, cualquier concesión debe basarse en esos tres cuerpos legales y no deben existir más nunca los contratos leyes. Lo importante es estudiar los distintos modelos de concesiones portuarias y escoger la más satisfactoria como es el caso de El Puerto de Nueva York o el de Rotterdam.

Añadió que “no hay que olvidar que de acuerdo con la Organización Mundial Marítima el Estado es el responsable de lo que suceda en el puerto. La responsabilidad de la concesionada es con la autoridad portuaria, en este caso, la AMP”.

El director general de Planificación Nacional del MEF también subrayó la necesidad urgente de revivir la Estrategia Marítima Nacional, cuya última versión data de 2008, en un contexto de cambios globales y transformaciones en la infraestructura logística del país.

“Estamos ahora revisando la estrategia marítima junto con el sector privado, la Cámara Marítima de Panamá y las instituciones del sector, incluyendo la Autoridad Marítima y la Autoridad del Canal”, señaló Sabonge.

El funcionario explicó que la nueva planificación busca integrar la Estrategia Logística Nacional 2030 con la política económica del país, abordando no solo el canal y los puertos, sino también sectores como turismo, agro y desarrollo territorial. “Es una visión holística que atiende tanto la región interoceánica como el resto de las capacidades productivas del país”, afirmó.

El director reconoció que la coyuntura internacional, marcada por tensiones entre Estados Unidos y China y conflictos en Medio Oriente, ha generado oportunidades para Panamá.

Mencionó que el cierre de rutas como Ormuz ha incrementado el tránsito por el Canal de Panamá, aunque advirtió que estos beneficios son transitorios y deben acompañarse de planificación frente a fenómenos como El Niño, que podrían afectar la disponibilidad de agua.

Sabonge reconoció la necesidad de diversificar los servicios del Canal de Panamá más allá del tránsito de buques, pero insistió en que esto debe hacerse en coordinación con el gobierno y bajo una Estrategia Marítima Nacional consagrada en la Constitución. “Lo más importante es que esta estrategia sea una política de Estado que trascienda los periodos de gobierno”, puntualizó.

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, recientemente reconoció que “el agua es crítica, no solo para el consumo humano, sino para la operación continua del Canal. El reto del futuro es diversificar y asegurar la sostenibilidad de este recurso”.

Subrayó que la estrategia para los próximos 10 años apunta a diversificación y a explorar servicios más allá del tránsito de buques, con el objetivo de mantener al Canal como el vínculo más importante entre los océanos y las Américas.