MICI contabiliza ahorro en control de precios

Una de las promesas de campaña del presidente electo Juan Carlos Varela era ‘poner’ 58 dólares en los bolsillos de cada panameño, esto a través del Decreto 165, que reguló el precio de 22 productos de la Canasta Básica de Alimentos.

Ayer, a los dos meses de haberse firmado el decreto, Óscar García, jefe asesor del gabinete en el Ministerio de Comercio e Industrias MICI), contabilizó el efecto del decreto en un ahorro de 50 dólares, en base a las estadísticas de julio, para los que compran en abarroterías y minisúper, y 25 dólares en supermercados, porque ‘hasta junio la diferencia de precios entre un formato comercial y otro era muy distinto, los mayores precios estaban en los minisúper’, explicó.

García reiteró que la medida representa ‘una política temporal, excepcional’, que si bien contempla una posible prórroga después de su evaluación a los seis meses de haber iniciado, ‘la decisión final va a depender de lo que ocurra con el resto de los productos de la canasta básica, que no están regulados’.

García explicó que si la iniciativa empieza a reducir su alcance en algún momento, o si los comercios aumentan los precios de los 28 productos no controlados, afectando el costo global de la canasta básica, entonces tendrían que reevaluar los controles.

LIBRE MERCADO

García descartó la revitalización de una oficina de control de precios. ‘La política de libre mercado no ha cambiado, seguirá manteniéndose así’, declaró.

VOCES EN CONTRA

A los gremios privados que han pedido se suspenda la medida, el representante del MICI les contestó que ‘se entiende y se respeta’ su opinión, pero ante la evaluación positiva que han tenido, incluso, la gente está pidiendo que se amplíe la regulación a más productos.

‘No hay empresas que hayan tenido que cerrar o despedir trabajadores por el control de precios’, añadió García, indicando que solo han recibido dos cartas (pidiendo la cancelación del control de precios) en el MICI, una de una empresa nacional y otra de una transnacional, pero ambas sin estudios de costos que sustentaran la solicitud. ‘No son suficientes las expresiones de intención, necesitamos evidencia objetiva’, concluyó.