Mina Cobre Panamá: Ministro Moltó aclara que arbitrajes siguen suspendidos

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, abordó la reciente noticia sobre la conformación de dos paneles arbitrales por parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el marco de las reclamaciones presentadas contra Panamá tras el cierre de la mina de Donoso, operada por Minera Panamá (First Quantum).

Moltó calificó la noticia como “malentendida” y aseguró que la conformación de estos paneles no implica que se haya levantado la suspensión de los arbitrajes acordada previamente.

El ministro enfatizó que la suspensión de los arbitrajes se mantiene vigente por voluntad de ambas partes y que, de hecho, “hay un arbitraje que ya se cayó y no se puede volver a levantar,” lo que considera una “ventaja para Panamá.”

“Que se conforme el panel no significa que se deja la suspensión de los arbitrajes... Que exista un panel no significa que los arbitrajes se volvieron a montar ni que el panel va a decidir sobre un arbitraje suspendido. Los arbitrajes están suspendidos,” declaró.

Moltó explicó que la existencia de los paneles es una formalidad legal y que estos solo actuarían si, en algún momento, Minera Panamá decidiera “reanudar” los procesos.

Reiteró que el gobierno actuó de “buena fe” al lograr la suspensión y destacó que se trata de montos significativos, mencionando una reclamación por $5.000 millones y otra por $10.000 millones, que han sido exitosamente suspendidas o canceladas.

Respecto al futuro de la relación con la minera, el ministro Moltó informó que el Estado se encuentra actualmente inmerso en una auditoría integral de la mina, liderada por el Ministerio de Ambiente y el MICI.

Esta auditoría, dijo, que se espera dure entre cinco y seis meses (aunque el ministro cree que podría finalizar antes), es considerada la “herramienta principal” del Estado para “entender qué pasó y cómo está eso en este momento.”

Moltó confirmó que Minera Panamá es una empresa legalmente establecida que, tras la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato, no está realizando “operaciones de mina.”

La compañía, dijo, se limita a llevar a cabo el “mantenimiento de la gestión segura” y el control del área para proteger el medio ambiente y las zonas aledañas.

Confirmó que durante la auditoría, la comunicación y el acceso a la información se están llevando a cabo a través de la empresa auditora contratada, con acceso a información del manejo ambiental y operativo.

“El gobierno se ha comprometido a comunicar transparentemente los resultados de la auditoría. Una vez finalizada, se espera que el presidente, José Raúl Mulino, inicie el proceso para las conversaciones con la minera, utilizando la auditoría como punto de partida”, concluyó el ministro del Mici.