Moisés Cohen: ‘Ley de Sustancia Económica es clave para la inversión y salir de la lista UE’

El presidente de COSIP mencionó que lo que se solicitan son reformas para que las sociedades tengan presencia física en la que puedan alquilar oficinas, contratar empleados y consumir en la economía nacional

En un momento crucial para la arquitectura financiera y de servicios internacionales de Panamá, Moisés Cohen, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP), analiza con pragmatismo el tablero global en el que se juega la reputación del país. Tras décadas de mantener una postura de distancia frente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el reconocido banquero y abogado plantea un cambio de timón basado en la estrategia y no en la emoción.

En esta entrevista exclusiva, Cohen desglosa la importancia de la Ley de Sustancia Económica como la llave para abandonar definitivamente las listas grises de la Unión Europea (UE) y defiende un modelo de nación inspirado en el éxito de Singapur, donde la educación y la seguridad jurídica son los pilares de la competitividad. Con una mirada crítica hacia el trato diferenciado que reciben los países miembros frente a los no miembros, el líder de COSIP advierte que el silencio de Panamá fuera de la organización ya no es una opción rentable.

¿Cómo califica la estrategia que ha realizado el Gobierno para incluir a Panamá en la OCDE?

Pienso que es un tema que se debe estudiar y analizar. Panamá debe tomar decisiones estratégicas que más le convengan al país. Por 40 años hemos estado fuera de la OCDE y el esquema actual no nos ha funcionado. Existen personas a favor y otras en contra, pero analizando el tema, veo que si estuviéramos dentro de la organización seríamos parte del grupo de países que la integran y tendríamos voz y voto. Podríamos dar nuestra opinión desde adentro. Si estamos afuera, realmente hasta ahora no nos ha funcionado; seguimos figurando en las listas de la UE. Creo que a países como Singapur, por ejemplo, que decidieron ser parte de la OCDE, les ha beneficiado. Esa puede ser una de las ventajas: una vez dentro, no nos tildarán internacionalmente de “no cumplidores”, porque ser miembro ya implica serlo, y el trato será diferenciado.

¿Entonces, estar dentro de la OCDE da alguna garantía de no ser incluidos en listas discriminatorias?
Lo que ocurre es que, casualidad o no, ninguno de los miembros de la OCDE está en ningún listado, ni lo ha estado nunca. Eso significa que, al ser parte de la organización, te consideran de manera diferente: como un país cumplidor de las normas. Si cometes una equivocación, imagino que las situaciones se resuelven internamente con llamados de atención, pero no se hace a nivel internacional como sucede con los no miembros. Parece que hay una ventaja clara en términos de relaciones públicas.
¿A qué se está metiendo Panamá precisamente al estar dentro, más allá de ese respaldo en el tema de listas discriminatorias?
Para mí, estar en la OCDE significa conocer desde adentro lo que está sucediendo, conocer qué es lo que piensan de Panamá y cuáles son las acciones que el país debería tomar para mejorar su sistema de servicios internacionales. A veces se dice que es mejor “dormir con el enemigo” para saber de qué se trata y cómo manejarnos mejor. Tras 30 años de no ser miembros y ver que no nos ha ido bien —seguimos en listados y recibiendo críticas—, tal vez vale la pena darnos una oportunidad. Ahora bien, me han comentado que hay países a los que les ha tomado 10 o 15 años entrar; habría que ver cómo sería el proceso para nosotros. Creo que sería un insulto que se demoren tanto con Panamá cuando el país ha demostrado cambios necesarios.
¿Debe Panamá esperar salir de la lista de la UE para poder tener un perfil más convincente y tener una evaluación rápida para su inclusión en la OCDE?

Me imagino que la OCDE no nos admitirá si seguimos en algún listado de la UE, como el de temas tributarios. Creo que el Gobierno está dando los pasos correctos para salir de ahí. Lo último que se discute es la Ley de Sustancia Económica, que es un requisito solicitado para la exclusión.

¿Qué tanto hemos avanzado o no en el control de las sociedades anónimas?

Los abogados, banqueros, aseguradoras y contadores en Panamá hemos entendido que no queremos un país utilizado para actividades criminales. Cuando no había regulaciones o controles, podíamos ser utilizados por personas inescrupulosas. Aunque abras una cuenta bancaria de buena fe, del otro lado puede haber alguien con mente criminal. Eso se acabó; ya existen las normas de “conoce a tu cliente”. Me consta que todos los sectores estamos conscientes de que no queremos que nuestro sistema se use para fines delictivos. Estamos tomando medidas para ser un centro de servicios de primer mundo donde vengan empresas serias a invertir y a contratar panameños.

¿Ha logrado el país recuperar su competitividad después de los escándalos de listas discriminatorias?

Definitivamente hubo un bajón en el tema de inversiones y, sobre todo, en la confianza hacia el país. Pero eso se ha recuperado; estamos bien, pero podemos estar mucho mejor. No debemos compararnos con países mediocres; tenemos que compararnos con los mejores del mundo. Por eso siempre menciono a Singapur: un país pequeño de 5 millones de habitantes que tiene logística y banca, pero cuya base fundamental fue la preparación y educación de su gente. No hay pobreza ni desempleo porque todos trabajan y están educados. Ese sistema educativo es la clave fundamental para que Panamá progrese.

¿Será tiempo suficiente debatir la ley de sustancias económicas en sesiones extraordinarias de la Asamblea?

Sí, creo que hay tiempo. No es un tema complicado; es una decisión que Panamá debe tomar pensando estratégicamente en qué le conviene más al país para atraer inversión y crecer económicamente. Si el proyecto está en la Asamblea estos meses, todos los interesados haremos nuestros aportes con la mejor intención para Panamá. Veremos de qué se trata el proyecto final, ya que como COSIP hicimos propuestas y nos han dicho que hubo algunos cambios. Aportamos con buena fe, pero al final el Gobierno tiene la última palabra.

¿Por qué es relevante su aprobación?

Lo que ocurre es que hay sociedades anónimas que, dependiendo de su actividad, solo existen en papel. Hay otras que tienen un movimiento comercial real y no deberían estar solo en papel, sino tener presencia física en el país donde se encuentran. De eso se trata: de que la sociedad tenga “sustancia”, personal y actividad que genere ingresos para el país. En mi caso, siempre he dicho que es importante que Panamá promueva esto para empresas con operaciones internacionales. Les conviene alquilar oficinas, contratar empleados y consumir en la economía nacional. Se debe buscar un equilibrio en esta ley para que el país salga realmente beneficiado.

¿Hay algún tema que les preocupe?

Una de las mayores preocupaciones era si la intención era cambiar el sistema fiscal territorial panameño. Por lo que entendimos, esa no es la intención; el sistema territorial se mantiene. Lo que se solicitan son reformas como la sustancia económica para que las sociedades tengan presencia física. Pero la preocupación mayor sobre el sistema territorial no existe, no lo sentimos así. Hay países de la OCDE que tienen sistema territorial, por lo que no podrían obligarnos a cambiar el nuestro.

¿Esta iniciativa será una garantía para que Panamá salga de la lista de la UE en octubre?

Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas que trabajan el tema han recibido indicaciones de la OCDE y de la UE de que la Ley de Sustancia Económica es un paso importante. Anteriormente ha sucedido que cumplimos y surgen nuevos temas, pero esperamos que después de todo lo que Panamá ha hecho —que es muchísimo— se valore el esfuerzo. Creamos el Registro Único de Beneficiarios Finales, los bancos reportamos información con total transparencia y hemos tomado medidas drásticas. Por ejemplo, se depuró el registro: de 750,000 sociedades, 500,000 han sido suspendidas. A pesar de la pérdida de negocio, Panamá está demostrando que está totalmente comprometida con que su sistema se use para fines lícitos y no por lavadores o terroristas.

Viene la quinta ronda de evaluación de GAFI, ¿Cómo ve este desafío técnico?

En materia de prevención de blanqueo de capitales estamos muy bien; ya no estamos en esos listados, solo en el tributario. Tenemos una UAF trabajando con eficiencia y los bancos —y ahora los abogados— estamos acostumbrados a reportar. Estamos satisfechos con el trabajo en equipo entre la Superintendencia de Bancos, la UAF, la Asociación Bancaria y la nueva Superintendencia para sujetos no financieros. Todo se hace para evitar que el centro financiero sea usado para cometer delitos. Como estamos viendo, ya llevamos años sin escándalos mundiales de lavado de dinero en Panamá, mientras que están saliendo casos en Suiza, Londres o Alemania. Eso deja muy bien al país y es una prueba de nuestro compromiso.

Veremos de qué se trata el proyecto final, ya que como COSIP hicimos propuestas y nos han dicho que hubo algunos cambios. Aportamos con buena fe, pero al final el Gobierno tiene la última palabra’
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