Nuestra ‘tóxica’ adicción
al endeudamiento externo

Nuestra economía crece, pero sólo genera informales y funcionarios, con plata prestada. Hemos creado una economía artificial, donde los beneficios se convirtieron en derechos, que financiamos con préstamos y defendemos con consignas, con narrativas pasionales de “opresores versus oprimidos”.

Necesitamos inversión privada, pero estamos “adictos” a la deuda. No vivimos de lo que ganamos, sino de lo que le cargamos a la tarjera de crédito, pero “se nos acabó el saldo” y nos toca enfrentar la realidad.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEX), entre el 2004 y 2012, el tamaño de la economía prácticamente se triplicó, tres de cada cinco nuevos empleos fueron asalariados privados (27 % informales, 9 % funcionarios), dos de cada tres graduados universitarios encontraron empleo (INEC) y nuestra deuda externa creció $524.5 millones por año (x ocho años)

Del 2012 al 2024 el tamaño de la economía panameña se duplicó, pero cuatro de cada cinco nuevos empleos fueron informales, el otro fue un funcionario. Los sectores que aportan 70 % de los empleos, generaron sólo empleo informal, al tiempo que sólo uno de cada tres graduados universitarios encontró empleo. En esos 12 años, la deuda externa creció $3.579.6 millones al año (siete veces veces más que el ritmo anual de endeudamiento 2004-2012)

En ese lapso se perdieron 24.174 empleos formales del sector privado, al tiempo que agregamos 63.044 funcionarios y 264.153 informales a la economía. Es decir, cada trabajador asalariado que perdió su empleo en ese lapso fue reemplazado en la economía por tres funcionarios y 10 informales, síntoma del proceso de precarización y estatización laboral más severo de la historia.

Este patrón adquirió una proporción dramática entre el 2019 y 2024. La deuda externa creció $5.425 millones por año (10 veces vs 2004-2012), pero 44.261 asalariados privados perdieron sus empleos, al tiempo que agregamos 19.409 nuevos funcionarios y 28.372 informales a la economía. tres de cada cinco nuevos empleos que generó la economía fueron informales y los otros dos fueron servidores públicos.

En el 2024 alcanzamos la mayor tasa de informalidad laboral de los últimos 20 años (49,3 %), así como los niveles de endeudamiento ($53.736 millones) y déficit fiscal ($6.416 millones) más altos de la historia.

Uno de los resultados recurrentes de las Pruebas PISA en Panamá, prueba en la que participamos desde el 2004, es que sólo uno de cada 100 alumnos sabe diferenciar una opinión de un dato, dos de tres no entiende lo que lee y cuatro de cinco no sabe hacer operaciones matemáticas básicas.

Esto nos convierte en una población “rehén” de nuestras pasiones e “inmunes” a la verdad, porque lo que no se mide no existe, así como fácilmente manipulable por narrativas de satanización de “buenos y malos” y “opresores versus oprimidos”. Pero como en toda historia, hay tres protagonistas, los “buenos”, los “malos” y la verdad. Las protestas originadas por la aprobación de la Ley 462 de la Caja del Seguro Social (CSS) son un claro ejemplo. Sobre la base del Cuadro 14 del Informe Laboral del INEC octubre 2024 vs agosto 2012, el Estado tuvo la exclusividad de la generación de empleo formal. 93 % de la expansión de la planilla estatal se originó en Educación 30 %, Salud 22 %, Administración Pública 22 % y Transporte 18 %.

Lo mismo ocurrió con los salarios. Según el Cuadro 25 del Informe Laboral del INEC de octubre 2024 versus agosto 2012, el aumento porcentual de salarios en el sector público fue Educación 96 %, Salud 65 %, y Administración pública 55 %, versus un 43 % de aumento salarial en la economía.

Entre el 2019 y 2024, de los nuevos 19.409 nuevos servidores públicos, 42 % fueron Educadores, 26 % en Administración Pública y Defensa, 13 % personal de Salud y 10 % en Suministro de Agua, Gestión de Desechos y Saneamiento.

Desde el 2012, el Estado ha tenido la exclusividad tanto de la generación de empleo formal como de los mayores aumentos salariales, por lo que la afirmación de que la Ley 462 vulnera “las pensiones del pueblo” es una imposibilidad matemática.

Las jubilaciones especiales a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia han generado fuertes criticas, y la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la prohijación del anteproyecto de Ley 32, que plantea modificar los beneficios de las jubilaciones especiales de los estamentos de seguridad.

Pero el efecto distorsionador del empleo público (que financiamos con deuda) va mucho más allá. Por un lado, recientemente el Superintendente de Bancos, Milton Ayón, declaró que los trabajadores que ganan menos de $800 dependen de la tarjeta de crédito para subsistir:

Sin embargo, por el otro, en varias Provincias del Interior del país, la mayoría de quienes ganan más de $800 mensuales son servidores públicos (cuyos salarios financiamos con endeudamiento externo).

Por ejemplo, en Chiriquí, 70 % de los trabajadores son privados, pero sólo 31 % gana más de $800 mensuales. En Coclé, 74 % de la fuerza laboral es privada, 39 % gana más de $800 mensuales, mientras que en Veraguas, 60 % de la Población Ocupada es privada, pero apenas 16% gana más de $800 al mes.

Esto plantea un reto de cara a la discusión de las modificaciones a la Ley 468 de Intereses Preferenciales, los mejores sujetos de crédito en el interior del país son servidores públicos, lo cual a su vez trae a la mesa la recurrente satanización de los incentivos. ¿Qué incentivamos? ¿Empleo privado o planilla estatal?

Entre el 2019 y 2024 incrementamos la deuda externa en casi $28.000 millones y eliminamos más de $4.600 millones de inversión privada, incluyendo $900 millones de compras anuales menos de la operación minera a 24 sectores de la economía, la disminución de $2.165 millones en financiamientos bancarios al sector productivo, producto del aumento de las tasas de interés debido a la pérdida del Grado de Inversión, y la reducción de $1.600 millones de flujo de Inversión Extranjera Directa (IED)..

La economía panameña ya experimenta desempleo de dos dígitos. Con la excepción de los años de pandemia y postpandemia (2020, 2021), es la más alta tasa en 20 años (9,8 % en 2005). En los últimos dos años perdimos 80% de nuestras exportaciones y 70 mil empleos, 54 mil del fiasco minero y otros 15-20 mil que terminaremos perdiendo como consecuencia de “la masacre laboral de Bocas del Toro”.

No somos un país turístico. Entre agosto 2023 y octubre 2024, el turismo generó 2.269 empleos formales, con un salario de $668 mensuales, $66 menos que el salario promedio en la economía.

Tampoco somos (aún) un país logístico. Entre el 2014 y 2024, luego de la Ampliación del Canal, el sector logístico generó 20.128 nuevos empleos, pero -1.784 trabajadores formales del sector perdieron sus trabajos. ¿La razón? No hay confianza para invertir en esos sectores. Potencial sin inversión es ilusión.

En este contexto, el futuro de la inversión privada en Panamá “pasa por Donoso”, Qué hacemos, cómo y cuándo, desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros, determinará nuestra capacidad para convencer a otros inversionistas de que invertir en Panamá es buen negocio.