Panamá bajo la lupa por crisis en libertad sindical y empleo informal, según la OIT

El reciente informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en 2026, presenta una radiografía profunda y preocupante sobre la realidad laboral en Panamá.

Este documento no solo evalúa el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por el país, sino que pone de manifiesto una desconexión crítica entre las políticas gubernamentales y las garantías fundamentales de los trabajadores.

A través de un análisis de los convenios sobre libertad sindical y políticas de empleo, la OIT dibuja un panorama donde la informalidad, la precariedad juvenil, la asfixia económica de las organizaciones sindicales y la debilidad del diálogo social son los protagonistas de una crisis estructural que requiere atención inmediata.

Uno de los ejes más críticos del informe se centra en la aplicación del Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical.

La Comisión ha tomado nota con alarma de denuncias que apuntan a una política sistemática de criminalización y persecución contra el sindicalismo panameño. El caso del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) es emblemático en este sentido.

Las alegaciones presentadas ante el organismo internacional detallan una estrategia de “asfixia económica” ejecutada mediante la Resolución Ministerial núm. DM-063-2025, la cual desvía el manejo de las cuotas sindicales hacia instancias gubernamentales, interfiriendo directamente en la autonomía financiera de la organización.

Este escenario se agrava con informes de detenciones de dirigentes y una represión sostenida durante las huelgas docentes de 2025, donde el ejercicio del derecho a la protesta por temas de seguridad social terminó en detenciones arbitrarias y el reemplazo masivo de educadores.

Para la OIT, estas acciones no solo vulneran el derecho de asociación, sino que erosionan los pilares de la democracia laboral en el país.

Paralelamente, la efectividad del diálogo social en Panamá atraviesa uno de sus momentos más bajos.

La Comisión lamenta profundamente que las comisiones tripartitas de adecuación y tratamiento rápido de quejas se mantengan inoperantes desde el año 2020.

Aunque el Gobierno argumenta que esta parálisis se debe a desacuerdos de representatividad dentro del sector sindical, la OIT subraya que el Estado no ha impulsado acciones contundentes para restablecer estos espacios.

El organismo advierte que la institucionalización del diálogo social sufrió un revés adicional con el rechazo parlamentario del proyecto de ley para la creación del Consejo Superior del Trabajo en 2024.

“Esta falta de foros permanentes y eficaces ha derivado en que las decisiones sobre política económica y laboral se tomen de manera unilateral, ignorando las experiencias y aportes de los interlocutores sociales, quienes denuncian que sus voces son escuchadas solo de forma proforma, sin impacto real en la legislación”, manifiesta la OIT.

En el ámbito de la política de empleo (Convenio núm. 122), los hallazgos son igualmente inquietantes.

Según la OIT, Panamá enfrenta una paradoja: a pesar de mostrar signos de reactivación económica y contar con un Plan Estratégico de Gobierno (PEG) con una inversión proyectada de más de $30 mil millones, el mercado laboral se caracteriza por una informalidad desbordada y una precariedad contractual alarmante.

Datos de 2024 muestran que la tasa de informalidad alcanzó el 58.7%, afectando de manera desproporcionada a las mujeres y a los jóvenes.

La OIT destaca que el 78% de los contratos registrados en el país son de carácter temporal o por obra determinada, dejando solo un 22% de contratos indefinidos.

“Esta dualidad del mercado condena a la mayoría de la fuerza laboral a la incertidumbre, limitando su acceso a la seguridad social, al crédito y a una estabilidad profesional que permita elevar el nivel de vida nacional”, advierte.

La situación de los jóvenes es, quizás, el punto más vulnerable del informe. Con una tasa de desempleo juvenil que roza el 20% (y supera el 26% en el caso de las mujeres jóvenes), los programas estatales como “Mi Primer Empleo” o “Aprender Haciendo” han sido calificados como insuficientes y de enfoque asistencialista.

La OIT señala que la cobertura de estos programas es mínima en relación con la magnitud del problema: solo 624 jóvenes lograron una inserción efectiva a través de pasantías en el último ciclo reportado.

Además, recuerda que existe una denuncia constante sobre el uso de estas figuras para cubrir vacantes ordinarias con remuneraciones por debajo del salario mínimo, sin garantías de continuidad laboral.

La OIT explica que la falta de un observatorio laboral independiente y de un sistema robusto de monitoreo impide que Panamá pase de acciones coyunturales a una verdadera política nacional de empleo que conecte la oferta educativa con la demanda productiva de las provincias.

La brecha de género también se mantiene como una deuda pendiente. La segregación laboral persiste, con una participación femenina de apenas el 51.8% frente al 74.4% de los hombres.

La OIT recalca que no basta con programas de capacitación aislados; es imperativo invertir en infraestructura de cuidados y promover un reparto equitativo de las responsabilidades familiares para que las mujeres puedan transitar de la economía informal a la formal.

La Comisión ha instado al Gobierno a realizar consultas plenas y efectivas para que las políticas de igualdad de oportunidades no se queden en el papel, sino que se traduzcan en indicadores medibles de formalización y reducción de brechas salariales.

El informe también aborda las deficiencias en la negociación colectiva y el derecho de sindicación en el sector público.

Panamá continúa manteniendo restricciones que la OIT considera obsoletas, como la exigencia constitucional de ser nacional panameño para integrar juntas directivas sindicales o la limitación de que solo pueda existir una asociación por institución pública.

El retraso deliberado en el otorgamiento de personerías jurídicas —que en algunos casos supera el año de trámite— es visto como una barrera administrativa para evitar la organización de los trabajadores.

Ante este cúmulo de observaciones, la OIT ha solicitado a las autoridades panameñas que presenten una memoria detallada en 2027, instándolas a recurrir a la asistencia técnica internacional para armonizar el Código de Trabajo y la Constitución con los estándares globales de trabajo decente.

El mensaje es claro: el crecimiento económico de Panamá debe ir de la mano con el respeto a los derechos humanos laborales, o de lo contrario, el desarrollo seguirá siendo una meta esquiva para la gran mayoría de su población.