Minería en Panamá: oportunidades y desafíos

Este artículo examina los retos y beneficios que derivan de la minería en Panamá y las implicaciones que conllevaría balancear, en forma simultánea, objetivos vinculados con el sector, como crecimiento económico, progreso social y preservación del medio ambiente.

El hecho es que entre el año 2008 y el 2013, el sector minero duplicó su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) pasando de 0.7% a 1.3%. Durante igual periodo, la actividad ha venido creciendo de forma sostenida con tasas anuales que oscilan entre 20% y 30%.

Más aún, el sector minero podría alcanzar a representar el 10% del PIB al término del 2016, según la Cámara Minera de Panamá.

La actividad, que estaba concentrada en la extracción de caliza y arena, ha pasado a una etapa de mayor diversificación y valor agregado produciéndose también cobre y oro, principalmente para la exportación.

La minería representa, por consiguiente, una oportunidad para el crecimiento de la economía nacional y la generación de empleos bien remunerados, en especial en las regiones rurales próximas a los proyectos.

Igualmente, contribuye a ampliar y mejorar la infraestructura para las colectividades locales, como centros de salud, escuelas, aceras, acueductos y letrinas y suplir otras carencias básicas para elevar el nivel social potenciando ulteriormente a los individuos a mejorar su capacidad de crear ingresos.

Por otro lado, facilita la posibilidad de invertir recursos en programas comunitarios que incluyen, entre otros, nutrición, capacitación, salud, reforestación y construcción de caminos de penetración.

Contribuye, además, a formar conocimientos y habilidades entre los trabajadores que participan en los proyectos, tanto a nivel gerencial, como técnico o administrativo.

Permite también el desarrollo de otras actividades económicas diversificando las fuentes de ingreso para la población. Finalmente, la actividad minera representa una importante contribución al fisco nacional y para los municipios donde se ubican las minas.

El proyecto Cobre Panamá, por ejemplo, ubicado entre las provincias de Coclé y Colón, representa una inversión aproximada de $5 mil millones, equivalente al monto de la ampliación del Canal.

Se espera que la producción de esta mina se inicie a partir del 2017 y que la extracción tenga una vigencia de 40 años, con lo cual se producirían unas 250,000 toneladas de cobre anualmente.

Sin embargo, la minería en general enfrenta dos desafíos críticos, a saber: minimizar los impactos ambientales (la restauración de la flora y fauna comprenden la última fase de los proyectos mineros modernos), y el tema social, que derivan de estas actividades.

La experiencia de otros países demuestra que se requiere reforzar la capacidad institucional para asegurar un efectivo nivel de salud, educación y seguridad pública de las comunidades presentes en el área de influencia de los proyectos.

El hecho es que el aumento de los ingresos de la población local y cambios en los estilos de vida puede acrecentar el riesgo de que surjan ciertos males sociales, como drogadicción, alcoholismo, prostitución y violencia intrafamiliar, lo cual, de paso, se previene reforzando las instituciones de seguridad, las corregidurías y los municipios locales.

En cuanto al aspecto ambiental, igual que cualquier otra actividad económica, la minería conlleva impactos ambientales; sin embargo, estos deben mirarse en un contexto integral y objetivo.

La revista National Geographic (mayo 2014) señala que la minería, las canteras, las vías ferroviarias y las represas en su conjunto tienen un impacto menor que la tala de árboles, la urbanización, las casas y negocios rurales, y que la erosión causada por la agricultura, la construcción y la explotación forestal.

De allí que el desafío mayor consista en reforzar la capacidad de supervisión y seguimiento del Estado para mitigar el impacto ambiental realizada por profesionales con valores e integridad.

Finalmente, otro desafío consiste en que el proyecto se desenvuelva en un ambiente de consenso y harmonía social, lo que conlleva integrar a la mayor cantidad posible de comunidades locales. Esto exige, por ende, un alineamiento de los objetivos de parte del gobierno, las propias empresas mineras y las comunidades, involucrándolas en la toma de decisiones y mediante un plan de inversión comunitaria consensual.

ANALISTA DEL CENTRO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD