Panamá rechaza informe de Tracit y defiende a la Zona Libre de Colón de señalamientos sobre crimen organizado

El Gobierno de Panamá rechazó las afirmaciones contenidas en un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit), que señala a la Zona Libre de Colón (ZLC) como una de las principales vulnerabilidades del país en la lucha contra el comercio ilícito y el crimen organizado.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería aseguró que la narrativa presentada por Tracit “desconoce la realidad, los avances alcanzados y el profundo proceso de modernización que impulsa el Gobierno Nacional” en la principal zona franca del continente americano.

La institución sostuvo que la Zona Libre de Colón representa un activo estratégico del Estado panameño y uno de los principales motores económicos de la región, cuyo prestigio internacional se sustenta en el comercio legítimo, la transparencia y el cumplimiento de estándares cada vez más rigurosos.

“La Zona Libre de Colón no es un refugio para el crimen; es una plataforma de comercio legítimo que evoluciona bajo los más altos estándares de control y cumplimiento”, enfatizó la Cancillería.

En su pronunciamiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la actual administración ha reforzado significativamente los mecanismos de seguridad dentro de la zona franca mediante inversiones en tecnología y fiscalización.

Entre las acciones mencionadas destacan la instalación de cientos de cámaras de videovigilancia, escáneres de última generación y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y trazabilidad de mercancías.

Además, recordó que la Zona Libre mantiene una política de “cero tolerancia” frente a cualquier actividad ilícita y que denuncia toda conducta que contravenga la legislación panameña.

El Gobierno también destacó que las incidencias relacionadas con hechos ilícitos representan apenas el 0.00042 % del volumen comercial anual de la plataforma, la cual mueve más de 25 mil millones de dólares cada año. “Evidencia de que se trata de casos aislados y no de una práctica sistémica”, señala el documento.

Asimismo, precisó que el control de las mercancías que ingresan o salen hacia los puertos o al territorio nacional corresponde legalmente a la Autoridad Nacional de Aduanas, de acuerdo con la legislación vigente.

La Cancillería sostuvo que el país mantiene una política de Estado de combate al crimen organizado transnacional y rechazó cualquier insinuación de tolerancia frente al contrabando, el lavado de activos, la falsificación, el financiamiento del terrorismo o cualquier otra actividad ilícita.

“Panamá no protege a los criminales; los combate con instituciones fortalecidas, tecnología moderna y cooperación internacional”, señala el comunicado.

También afirmó que las acusaciones “sin sustento” afectan la reputación internacional del país, perjudican a miles de trabajadores y empresas que operan legalmente en la Zona Libre y pueden impactar negativamente la inversión extranjera.

“La competitividad de Panamá no se construye sobre la opacidad, sino sobre la legalidad, la confianza internacional y el cumplimiento de nuestras obligaciones”, añadió.

La reacción del Gobierno surge luego de que Tracit publicara su más reciente Índice de Comercio Ilícito para Centroamérica, en el que Panamá aparece como el segundo país con mejor desempeño regional, solo por detrás de Costa Rica.

Durante la presentación del estudio, el director general de Tracit, Jeffrey Hardy, calificó a la Zona Libre de Colón como el “Disneyland del contrabando” y pidió a las autoridades panameñas adoptar medidas más enérgicas para combatir este fenómeno.

Antes del pronunciamiento de la Cancillería, tanto la Gerencia General de la Zona Libre de Colón como la Cámara de Comercio de la ZLC rechazaron las declaraciones de Hardy y calificaron sus afirmaciones como falsas, infundadas y perjudiciales para la economía panameña.

Las entidades señalaron que las empresas establecidas en la zona franca cumplen con estrictas normas nacionales e internacionales, entre ellas la Ley No. 23 de 2015 sobre prevención del blanqueo de capitales, además de los controles ejercidos por la Autoridad Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La Cancillería concluyó que el país continuará fortaleciendo sus capacidades institucionales, ampliando la cooperación con sus aliados internacionales y aplicando la ley “sin excepciones” contra quienes intenten utilizar el territorio nacional para actividades ilícitas.

“La posición de Panamá es clara e inequívoca: nuestro país seguirá siendo un socio confiable de la comunidad internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional”, indicó.

Finalmente, aseguró que la modernización de la Zona Libre de Colón, el fortalecimiento de los controles aduaneros, la incorporación de nuevas tecnologías y la coordinación permanente entre las instituciones del Estado demuestran que el comercio legítimo y la seguridad pueden avanzar de la mano.

“Panamá defiende su reputación con hechos, no con discursos”, concluyó el comunicado oficial.