¿Por qué Cobre Panamá sigue operando? Ministro Moltó explica el sustento legal tras el fallo de la Corte

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, compareció este lunes ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, donde aclaró el mecanismo jurídico que permite la presencia de la empresa Cobre Panamá, pese a que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión minera.

Moltó enfatizó que lo declarado inconstitucional fue el contrato, no la empresa. En ese sentido, explicó que la compañía sigue en el área bajo la obligación de ejecutar el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), cuyo objetivo es eliminar condiciones peligrosas y riesgos ambientales derivados de los 38 millones de toneladas de material mineralizado ya extraído y expuesto al ambiente.

“La Constitución y las leyes obligan al gobierno a eliminar condiciones peligrosas y riesgos ambientales. Lo ilegal sería no hacer nada frente a un riesgo comprobado”, afirmó el ministro.

El titular del MICI recalcó que no se trata de una reapertura de la mina ni de nuevas concesiones, sino de medidas técnicas y legales para mitigar el riesgo de drenaje ácido y contaminación de agua y suelos.

Añadió que la empresa está obligada a cubrir los costos de estas acciones y que el Estado recibe regalías por el material procesado y exportado, las cuales serán invertidas en obras de beneficio social, según disposición presidencial.

Durante la sesión, varios diputados cuestionaron al ministro sobre el avance de la auditoría integral que se realiza en la mina.

El diputado Jonathan Edir preguntó directamente quién estaba a cargo de la auditoría y cuál era su estatus.

Moltó respondió que el proceso está siendo ejecutado por la empresa SGS, contratada por el Ministerio de Ambiente mediante licitación pública, y que se trata de una auditoría financiada con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la elaboración de los términos de referencia.

El ministro precisó que ya se han publicado seis informes parciales de un total de ocho, y que se espera contar con el informe final en mayo. Subrayó que los resultados se están divulgando de manera transparente para que la ciudadanía conozca los hallazgos.

Respecto al costo de la auditoría, Moltó aclaró que es el Estado panameño quien la financia directamente, mientras que el BID únicamente apoyó en la fase de diseño metodológico.

Ante la insistencia de los diputados sobre la cifra exacta, el ministro se comprometió a remitir la información detallada a la Comisión a través del Ministerio de Ambiente, que administra el contrato.

Algunos diputados expresaron su preocupación por el hecho de que la misma empresa cuyo contrato fue declarado inconstitucional sea la encargada de procesar y retirar el material.

La diputada Alexandra Pérez cuestionó por qué no se licitó la tarea a un tercero, señalando que “la empresa ha actuado bajo la ilegalidad por dos fallos de la Corte”.

Moltó respondió que licitar con otra compañía sería inviable, pues requeriría inversiones de entre $7,000 y $8,000 millones en infraestructura y equipos, mientras que Cobre Panamá ya cuenta con la maquinaria y el puerto necesarios para procesar y exportar el material.

“La empresa es responsable de sacar el material de ahí mientras esté ahí y de pagar por ello. La ley obliga a la empresa, como entidad responsable de haber creado la condición, a eliminarla”, sostuvo.

El ministro reiteró que la actuación del gobierno se basa en la Constitución, el Código de Recursos Minerales y el Decreto Ejecutivo 5 de 2026, que establecen la obligación de eliminar condiciones peligrosas en operaciones mineras.

Citó el artículo 115 del Código Minero, que dispone que “ninguna operación minera podrá abandonarse hasta tanto no se haya cumplido con la eliminación de las condiciones peligrosas”.

En ese marco, Moltó defendió que el Estado está actuando con respaldo técnico y legal, y que la prioridad es proteger los intereses de Panamá y evitar daños ambientales. “No actuar sería irresponsable y contrario a la ley”, concluyó.