Salario mínimo, justicia social dentro de lo viable

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), anunció que se alcanzó un acuerdo entre el sector trabajador y empleados, en referencia a las nuevas tasas salariales de acuerdo a la situación económica actual del país y que entrará en vigor a partir de enero de 2026.

El valor principal del nuevo ajuste salarial no radica únicamente en las cifras, sino en el proceso que las hizo posibles, en medio de una crisis laboral sin precedentes, con desempleo de dos dígitos, el nivel más alto en dos décadas si se excluyen los años de pandemia.

Nadie duda de la necesidad de hacer justicia a muchos trabajadores cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas; sin embargo, el contexto económico obliga a equilibrar cualquier decisión con la capacidad real de las empresas para sostener el empleo, particularmente para las microempresas que representan la columna vertebral del empleo y más del 83 % de los patronos activos en la CSS.

Hemos creado una economía artificial, donde los beneficios se convirtieron en derechos, que financiamos con deuda y defendemos con consignas. Pero pese a la sistemática e histórica satanización de la iniciativa privada, según cifras del INEC (octubre 2024), el sector privado aporta 84 de cada 100 empleos en la economía. Los otros 16 son funcionarios, cuyos salarios los pagamos a través de endeudamiento.

El problema es que es ese 16 % el exclusivo generador de empleo formal y los mayores aumentos salariales, hechos posibles por nuestra “tóxica” adición al endeudamiento. Al punto tal que en el 2026 el servicio de la deuda será mayor a los aportes del Canal. Es decir que lo que recibimos del Canal no alcanzará “ni para hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito”.

No vivimos de lo que ganamos, sino de lo que le cargamos a la tarjeta de crédito. Pero “se nos acabó el saldo” y debemos enfrentar la realidad.

La concentración del ingreso sigue siendo extrema en América Latina, lo que refleja la permanencia de la desigualdad social en gran parte de la región incluyendo Panamá, así lo refleja el informe anual Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025: Cómo salir de la trampa de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La Cepal advirtió que Panamá es el país con la segunda mayor desigualdad de ingresos en toda América Latina, solo superada por Colombia, según los datos presentados por su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs.

En el 2021, Panamá aparecía en el cuarto lugar, detrás de Brasil, Colombia y Honduras. Más aún, una publicación de BBC Mundo, titulada ¿Cuáles son los 6 países más desiguales de América Latina? del 6 de marzo 2016, publicó el listado de los países con la mayor desigualdad de ingresos en el mundo, incluyendo a Honduras (6), Colombia (7), Brasil (8), Guatemala (9), Panamá (10) y Chile (14).

En este contexto, la desigualdad en los ingresos sigue siendo un problema estructural en nuestra economía, que tiende a agravarse.

Según el INEC, entre el 2012 y 2024, 24,174 asalariados perdieron sus trabajos, pero agregamos 63,044 funcionarios y 264,153 informales a la economía, al tiempo que la deuda externa pasó de $10,782.4 millones a $53,736 millones.

Cada asalariado que perdió su empleo en ese lapso fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales. Los 8 sectores que aportan el 70 % de los empleos generaron, como bloque, 100 % empleo informal.

Sobre la base de las cifras del Cuadro 14 del Informe Laboral del INEC, gran parte de la expansión de la planilla estatal se originó en enseñanza (38 %), salud (28 %) y administración pública (27 %).

Por su parte, la comparación del Cuadro 25 del Informe Laboral del INEC (octubre 2024 versus agosto 2012), documenta aumentos salariales de 96 % en educación pública, 65 % en salud y 55 % en administración pública 55 %, al tiempo que el promedio de aumentos salariales en el sector privado fue del 43 %.

Esta tendencia se aceleró en los últimos 5 años (2019-2024), cuando la empresa privada perdió 44,261 empleos, pero agregamos 19,409 servidores públicos y 28,372 informales a la economía. 3 de cada 5 nuevos empleos creados fueron informales y los otros 2 funcionarios. La deuda externa pasó de $27,793 millones a los $53,736 millones ya mencionados. Creamos una economía artificial, donde los beneficios se convirtieron en derechos, que financiamos con deuda y defendemos con consignas. En el 2026, el servicio de la deuda ($3,600 millones) será mayor que los aportes del Canal ($3,245 millones). Es decir, lo que recibimos del Canal no alcanzará “ni para hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito”.

Pero el efecto distorsionador del empleo público (que financiamos con deuda) va mucho más allá. Por un lado, recientemente el Superintendente de Bancos, Milton Ayón, declaró que los trabajadores que ganan menos de $800 dependen de la tarjeta de crédito para subsistir. Sin embargo, por el otro, en varias provincias del interior del país, la mayoría de los ganan más de $800 mensuales son servidores públicos (cuyos salarios financiamos con endeudamiento externo).

Por ejemplo, en Chiriquí, 70 % de los trabajadores son privados, pero solo 31 % gana más de $800 mensuales. En Coclé, 74 % de la fuerza laboral es privada, 39 % gana más de $800 mensuales, mientras que en Veraguas, 60 % de la población ocupada es privada, pero apenas 16 % gana más de $800 al mes.

Desde el 2012, la generación de empleo formal y los mayores aumentos salariales han sido exclusividad del Estado, con plata prestada. Generar empleo formal privado de manera sostenible tiene que ser la primera prioridad. Esto requiere que haya confianza, porque sin confianza no hay inversiones, y sin inversiones, seguiremos generando informales, y los informales no tienen salario.

En este contexto, comienzan a aparecer síntomas de un cambio de tendencia, aún modestos. Entre enero y septiembre de 2025, los financiamientos bancarios al sector productivo aumentaron 9 % versus el año pasado y el consumo mensual en el tercer trimestre del 2025 aumentó en unos $13.4 millones en comparación el primer semestre del año.

Finalmente, la prima de riesgo país de la deuda soberana panameña bajó considerablemente en el segundo semestre y los bonos soberanos de Panamá experimentaron un notable repunte en los mercados internacionales, tras conocerse que las tensiones entre el Gobierno panameño y la minera First Quantum Minerals comienzan a disminuir, a lo cual se suma la ratificación del grado de inversión por parte de Moody’s y Standard & Poor´s.

Estos acontecimientos son alentadores, pero hay que esperar para confirmar de que se trata de una tendencia o una mera coyuntura. De ser así, podemos esperar una mejora en los niveles de inversión y generación de empleo formal privado en los próximos meses.

Todo dependerá de nuestra capacidad para transmitir confianza, porque sin confianza no habrá inversión privada y seguiremos generando informales, que no cobran salario.