Salario mínimo sube, pero la canasta básica de alimentos sigue presionando al hogar

El nuevo salario mínimo en Panamá entró en vigor el 1 de enero, con su primer desembolso efectuado el pasado 16 de enero de 2026. Este ajuste llega en un panorama marcado por el encarecimiento de los alimentos y una creciente preocupación ciudadana por la pérdida del poder adquisitivo. Si bien la medida —que en promedio es de unos $12 mensuales— beneficia a cerca de 400 mil trabajadores formales, el ajuste resulta insuficiente frente a una Canasta Básica de Alimentos (CBA) que muchas familias no logran cubrir en su totalidad. En este escenario, aquellos sectores que no recibieron ajustes perciben con mayor rigor la estrechez de sus finanzas, al verse obligados a enfrentar el encarecimiento de bienes y servicios con los mismos ingresos.

De acuerdo con los últimos monitoreos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), el costo de la CBA, compuesta por 59 productos, cerró diciembre de 2025 en $298.97 en supermercados de los distritos de Panamá y San Miguelito. No obstante, en los comercios de ruta —minisúper y abarroterías—, donde suelen comprar muchos hogares de ingresos bajos por cercanía, el costo fue aún mayor, al ubicarse en $351.18.

Dicha escalada fue impulsada principalmente por aumentos en productos de consumo masivo como cebolla, naranja, lechuga, arroz y pollo, productos que dictan el ritmo del presupuesto familiar.

La entidad señaló que, aunque las variaciones mensuales han sido moderadas, el nivel de precios se mantiene elevado, especialmente en las abarroterías, donde el costo de la CBA supera en $52 al registrado en supermercados. Acodeco reiteró que estos monitoreos permiten dar seguimiento al impacto real de los precios sobre el ingreso de los hogares y servir de referencia para la toma de decisiones de política pública en materia de consumo y protección al consumidor.

El salario mínimo vigente fue establecido mediante el Decreto Ejecutivo 13 del 31 de diciembre de 2025. La normativa fija las tarifas para el período 2026-2027 y establece tasas diferenciadas según actividad económica, tamaño de empresa y región geográfica, dividiendo el país en Región 1 y Región 2.

Las nuevas tasas están calculadas bajo el supuesto de una jornada de ocho horas diarias, conforme a lo dispuesto en el Código de Trabajo, y sustituyen el esquema aprobado en 2024, cuando el salario promedio mensual fue de $636.80. En términos generales, los incrementos nominales oscilaron entre $9 y $15 mensuales; es decir, un promedio de $12 al mes. Esta cifra resulta simbólica ante un costo alimentario que ronda o supera los $300 mensuales, dejando fuera de la cobertura otras necesidades básicas. Desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) han señalado que el ajuste busca equilibrar la protección del empleo con la necesidad de mejorar el ingreso de los trabajadores, en un entorno económico aún frágil.

Este ajuste salarial se implementa en un contexto de fragilidad para el mercado laboral panameño. Antes de entrar a regir el ajuste, la titular del Mitradel, Jackeline Muñoz, proyectó que el país iniciaría el 2026 con una tasa de desempleo de entre el 10 % y 11 %.

“Es una realidad”, afirmó la ministra, vinculando esta cifra al cierre temporal de una bananera en Bocas del Toro en 2025 y al impacto persistente del cese de operaciones de la mina de cobre, cuyos efectos se arrastraron desde 2024 hasta mediados de 2025.

Pese al aumento salarial, la presión que ejerce el costo de los alimentos sigue siendo uno de los principales retos para las familias. Así lo refleja la más reciente encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting, que evidencia que el 30.5 % de los panameños considera que el aumento del salario mínimo es la medida más efectiva para reducir el costo de la vida.

El estudio, basado en 1,510 entrevistas cara a cara en el territorio nacional, muestra que los hogares ya están realizando ajustes para enfrentar la situación económica: un 32.8 % reduce sus gastos de recreación y un 26.8 % opta por marcas de alimentos más económicas, mientras que un 20.3 % ha dejado de comer fuera de casa. Estos comportamientos coinciden con un mercado laboral más débil, donde la formalidad cayó de 37.1 % en marzo de 2025 a 32.6 % en enero de 2026. Al mismo tiempo, el desempleo se mantiene entre el 17 % y 18 %, reforzando la percepción de inseguridad económica.

Según el último Reporte del Mercado Laboral de Konzerta, en diciembre pasado el salario promedio pretendido se ubicó en $1,068, registrando un incremento acumulado anual de 1.82 %. Mientras tanto, la brecha salarial por género persiste: el salario promedio pretendido por los hombres fue de $1,073, mientras que el de las mujeres se situó en $1,001.

Especialistas advierten que el alcance del salario mínimo es limitado frente a una CBA que ronda los $350 en comercios de ruta. Esto reduce drásticamente el margen para cubrir otros compromisos esenciales.

Además, en paralelo, a partir de este 1 de enero de 2026, más de 357 mil clientes de ENSA y de EDEMET que consumen más de 300 kilovatios hora (kWh) percibirán un aumento en la factura eléctrica, como resultado del fin del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) adicional y de la entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario.

Esta presión adicional en los servicios básicos estrecha aún más el presupuesto para vivienda, transporte y educación. En este escenario, el ajuste salarial responde a una demanda sentida de la población, pero llega en un momento en que el encarecimiento de los alimentos, el alza de la energía y la debilidad del empleo formal continúan condicionando severamente el bienestar de los hogares panameños.