Seguro Agropecuario alcanza $69.3 millones asegurados y busca reaseguro privado

El balance del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) al cierre del tercer trimestre de 2026 refleja dos realidades contrastantes. Por un lado, la entidad muestra un crecimiento sostenido en sus volúmenes de cobertura, alcanzando una suma asegurada consolidada de $69.3 millones entre las carteras agrícola, pecuaria y complementaria. Por el otro, la irrupción de fenómenos inéditos —como el sismo del 9 de octubre en el interior del país— ha puesto al desnudo las limitaciones del modelo financiero estatal, obligando a acelerar una reforma de gobernanza corporativa y la búsqueda de un reasegurador privado internacional.

La severidad de los eventos recientes tuvo su epicentro operativo en el Valle de Tonosí, provincia de Los Santos, una de las zonas de mayor peso en la producción arrocera del país. Tras una inspección en el territorio, la gerencia general del ISA constató afectaciones críticas derivadas del movimiento telúrico. En el sector de Isla Cañas, el sismo provocó el hundimiento de la barrera natural que funcionaba como rompeolas, lo que permitió el paso directo del agua marina hacia los cultivos.

La penetración del agua salada ya compromete aproximadamente 60 hectáreas de siembra de arroz, donde la salinidad desmejora progresivamente las plantaciones. La situación se agrava ante la llegada de nuevos aguajes y mareas altas, lo que podría derivar en la pérdida total de los cultivos afectados.

“En este tema del terremoto como panameños, nunca pensamos que íbamos a ser objeto de una situación catastrófica, pero debemos en estos momentos ser proactivos, no esperar que el productor pida la visita”, advirtió a La Estrella de Panamá en entrevista Ana Giselle Rosas, gerente general del ISA.

El incremento en los valores asegurados durante 2026 se logró en un entorno adverso. La reestructuración del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), orientada a transformarlo en un instituto de fomento, redujo sensiblemente su cartera crediticia y, por ende, el volumen de pólizas vinculadas de forma obligatoria a sus préstamos.

Para compensar esa caída, el ISA reorientó su estrategia comercial hacia el productor autofinanciado, aquel que invierte capital propio sin recurrir al sistema bancario. La variabilidad climática —manifestada tanto por sequías y altas temperaturas en el Arco Seco como por un exceso de precipitaciones en Bocas del Toro— incrementó la percepción de riesgo en el sector, incentivando la contratación voluntaria de pólizas.

A septiembre de 2026, la cartera agrícola y forestal se consolidó como el motor principal de la institución, registrando $3.3 millones en primas emitidas. Los Santos encabeza la contratación de coberturas agrícolas con $14.9 millones en suma asegurada y 347 pólizas emitidas, seguida por Panamá Este con $10.7 millones y Chiriquí con $6.2 millones.

En contraste, la cartera pecuaria totalizó $838,972 en primas de enero a septiembre de 2026, con Veraguas ($2.9 millones en suma asegurada), Chiriquí ($2.8 millones) y Los Santos ($2.5 millones) a la cabeza de la actividad ganadera.

“Actualmente nuestra reaseguradora es el Estado, porque la ley establece que el Estado será solidariamente responsable de los compromisos del ISA. Pero si hablamos de gestión financiera, nosotros deberíamos tener otro tipo de empresa que fuera nuestro reasegurador”, puntualizó la gerente general Rosas Mata.

A pesar del dinamismo en la colocación de primas, el modelo contable y de reservas del ISA enfrenta observaciones de los organismos reguladores. Tras reuniones con la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, la administración diagnosticó la necesidad urgente de adecuar su estructura a estándares internacionales de contabilidad (NIIF) y crear departamentos especializados en auditoría y cumplimiento.

El desafío principal radica en el esquema de reaseguros. La legislación actual establece que el Estado actúa como responsable solidario frente a los compromisos del ISA. En la práctica, esto implica que ante un desastre de proporciones catastróficas, las indemnizaciones dependen de las transferencias del Tesoro Nacional y de la disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el cual cubre el 50% del costo de las pólizas a través del programa de competitividad.

La gerencia del ISA contempla presentar en 2027 una propuesta formal para transferir parte de este riesgo al mercado internacional mediante una firma reaseguradora privada, eliminando la dependencia directa de los fondos públicos. Asimismo, con el respaldo técnico del Banco Mundial, evalúan incorporar coberturas específicas contra terremotos, ya que la póliza agrícola actual no tipifica el riesgo sísmico y debió procesar el caso de Tonosí bajo la figura de inundación.

Al respecto, Rosas destacó el trasfondo humano de la actividad: “En el caso del productor, más que verlo con números fríos de dinero, es entender que estamos hablando de tradiciones familiares que ya pasan varias generaciones. Hemos tenido casos en donde familias pierden el trabajo de varias generaciones por una situación de una inundación, ahora lo estamos viendo posiblemente con el terremoto”.

El manejo de las pérdidas representa otro frente de ajustes. Para 2026, el ISA proyecta un pago total de indemnizaciones cercano a los $4 millones, de los cuales ya ejecutó $2 millones y prepara desembolsos por un monto similar para el último trimestre.

Sin embargo, los trámites administrativos imponen demoras de entre 45 y 60 días para hacer efectivo el cobro. La exigencia legal de notificar al productor de manera presencial obliga al expediente físico a viajar desde la sede central hasta las agencias regionales, retrasando el proceso. La institución impulsa una modificación reglamentaria para implementar notificaciones por correo electrónico, lo que permitiría acortar los plazos entre 7 y 15 días.

En el ámbito tecnológico, el ISA avanza en el uso del sistema ISACOR para el levantamiento de datos en finca y la recepción de pagos mediante ACH y plataformas móviles. Para el presupuesto de inversión de 2027, la entidad prevé la adquisición de dispositivos de georreferenciación, drones e implementación de microchips en el ganado para el control del hurto pecuario, además de la incorporación de nuevos rubros como la pitahaya dentro del manual tarifario.

“Yo creo que esas son preguntas que muchos productores allá afuera se están haciendo. Y nosotros responsablemente debemos desarrollar una gestión pública que le dé esa respuesta con seguridad y certeza. No en aproximado, no probablemente, sino que el productor tenga la certeza de que a 60 días me van a pagar”, concluyó la titular del ISA.