Sigue la polémica por proyecto de ley que regula la pesca en el país

El recién aprobado proyecto de ley 131, que reforma y deroga normas que regulan la industria pesquera, sigue generando controversias. Mientras que grupos ambientalistas, científicos y organizaciones no gubernamentales le exigen al presidente Laurentino Cortizo que vete el documento, representantes de los pescadores artesanales piden que lo sancionen.

“Es una ley  necesaria y urgente para el sector porque la que se tiene actualmente tiene  61 años y no es cónsona con la realidad del sector pesquero”, sostuvo José Manuel Miranda, representante y vocero de las asociaciones de pescadores artesanales de Coclé y de la Coordinadora Nacional de Pescadores Artesanales y Similares.

La iniciativa legislativa fue aprobada el pasado 29 de octubre en tercer debate por la Asamblea Nacional y está a la espera de la sanción o el veto del Ejecutivo. Sin embargo, una treintena de organizaciones ambientales han pedido el veto, en vista de que la iniciativa reduce la participación de los científicos y de los ambientalistas en la toma de decisión.

La preocupación de los grupos ambientales, como el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), es que la propuesta excluye al Ministerio de Ambiente de la Comisión Nacional de Pesca Responsable y al sector científico. Esto, alega la abogada de Ciam María Gabriella Dutari, contradice el Código de Conducta de Pesca Responsable, que recomienda  fomentar la plena participación  de las partes interesadas en la lucha contra la pesca ilegal.

Miranda, por su parte, asegura que “en ningún momento han sido excluidos” y pide al mandatario Cortizo “no hacer caso porque va a cometer un craso error”. El representante de los pecadores artesanales acusa a los grupos ambientales de “desinformar”.

“Es totalmente falso” que el sector ambiental ha sido excluido de la comisión, recalcó. Explicó que la institución que representa a las oenegés ambientales dentro de la Comisión de Pesca, con derecho a voz y voto, es el Ministerio de Ambiente y la propuesta lo contempla.

Además, agregó, en la Comisión de Pesca también hay un representante de la Universidad de Panamá y a este representante se le obliga tener conocimiento en el tema; es decir, debe ser un investigador en materia pesquera.

“No entendemos cuál es el afán y la desinformación con el tema de la Comisión. Están mandando un mensaje equivocado”, insistió Miranda.

A juicio del representante de los pescadores, el proyecto de ley otorga “mayor participación, sobre todo en el tema del desarrollo sostenible. Hay seis objetivos que hablan al respecto y los más interesados en que la pesca sea de carácter sostenible somos nosotros los pescadores”.

Dijo que cualquier oenegé puede participar en las reuniones  con tan solo mandar una nota porque así está establecido. Sin embargo, consideró que en la Comisión, los pescadores deben contar con más participación y que las entidades públicas son las que deben tener el contrapeso.

Los grupos ambientales, por su parte, advierten que el proyecto de ley la resta liderazgo a la Autoridad de los Recursos Acuático de Panamá (ARAP) dentro de la Comisión porque elimina su rol de presidente del organismo y le otorgar el cargo de secretario.

Miranda alega que la ARAP nunca ha presidido la Comisión de Pesca y que siempre ha sido el secretario. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario es el que siempre ha ocupado el cargo de presidente, insistió.

La ARAP tiene un ente mandatario  que es la junta directiva y eso es otra cosa. “En la junta directiva se aprueba todo. Allí, por ejemplo, sí deberían estar peleando para entrar a la junta directiva  y no en la Comisión, porque en la junta directiva está la institución que los representa a ellos, que es el Ministerio de Ambiente”, expresó.