El Canal de Panamá ha logrado establecer diálogo con el 70% de las familias en el área de influencia de Río Indio, superando el 26% de participación registrado...
- 27/03/2026 00:00
La decisión del tribunal marca un punto de inflexión en el proceso judicial contra el exmandatario venezolano, en medio de disputas legales, presión política y un caso que podría redefinir el alcance de la justicia estadounidense en la región.
La justicia estadounidense dio este jueves 26 de marzo un paso clave en el proceso contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, al rechazar la solicitud de la defensa de desestimar el caso por narcotráfico y otros delitos graves.
Durante la audiencia celebrada en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, el juez de 92 años, Alvin Hellerstein fue categórico: “No voy a desestimar el caso”, afirmó, desechando así uno de los principales recursos legales presentados por los abogados del exmandatario.
La jornada marcó el inicio formal de la fase preliminar del juicio, conocida como audiencia de estatus, en la que se definen aspectos clave del proceso judicial, desde las mociones legales hasta las condiciones en que se desarrollará el litigio en los próximos meses.
Maduro y Flores comparecieron ante el tribunal bajo estrictas medidas de seguridad, sentados junto a su equipo legal y utilizando auriculares para seguir la traducción simultánea de la audiencia. Según reportes de medios estadounidenses, el exgobernante lucía visiblemente más delgado y serio en comparación con su primera comparecencia en enero, cuando se declaró “no culpable” y se autodenominó “prisionero de guerra”.
Disputa por la defensa marca la audiencia
Uno de los puntos centrales del debate fue la financiación de la defensa legal del matrimonio. El abogado Barry Pollack argumentó que sus clientes tienen derecho a utilizar fondos del Estado venezolano para cubrir sus honorarios, pero que las sanciones impuestas por Estados Unidos han impedido acceder a esos recursos.
La defensa sostiene que la negativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a autorizar el uso de esos fondos constituye una vulneración de sus derechos, e incluso calificó la decisión como un “error administrativo”.
Sin embargo, la Fiscalía estadounidense rechazó esa postura. El fiscal adjunto Kyle Wirshba defendió que permitir el acceso a dichos recursos “socavaría las sanciones” y reiteró que el Gobierno tiene la facultad de utilizarlas como herramienta de política exterior.
Ante esta disputa, el juez Hellerstein dejó claro que el derecho a la defensa no implica necesariamente que los acusados puedan elegir cómo financiarla, abriendo la puerta a la posibilidad de que se les asigne un defensor público si no se resuelve el origen de los fondos.
Tres claves en juego
La audiencia también dejó sobre la mesa tres aspectos fundamentales que marcarán el desarrollo del proceso en adelante.
En primer lugar, el tribunal deberá evaluar si reconoce o no a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, un argumento planteado por su defensa pero rechazado por la Fiscalía, que sostiene que su mandato carece de legitimidad tras los cuestionamientos a las elecciones de 2024.
En segundo lugar, se definirá el mecanismo de financiamiento de la defensa, un punto que podría incidir directamente en la estrategia legal del exmandatario.
Finalmente, la Fiscalía solicitó mantener bajo reserva las pruebas y la identidad de testigos, con el fin de evitar filtraciones que puedan afectar el desarrollo del caso, una petición que será analizada por el juez en las próximas etapas.
Graves cargos en su contra
Maduro enfrenta cuatro cargos en Estados Unidos: tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer armas de guerra, y uno adicional por posesión de armamento, incluidos artefactos destructivos.
Por su parte, Cilia Flores está acusada de conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer armas y posesión de armamento.
Las autoridades estadounidenses sostienen que ambos formaban parte de una estructura vinculada al tráfico internacional de drogas, acusación que la defensa ha rechazado de forma reiterada.
Captura y contexto político
El exmandatario fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación de fuerzas estadounidenses y trasladado posteriormente a Nueva York, donde permanece detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.
Desde su arresto, el caso ha generado fuertes repercusiones políticas tanto en Venezuela como a nivel internacional. Mientras el Gobierno estadounidense ha defendido el proceso judicial, sectores del chavismo lo califican como “ilegítimo” y denuncian una supuesta persecución política.
Incluso, el hijo del exgobernante, Nicolás Maduro Guerra, afirmó este jueves que el proceso es “ilegal” y pidió respaldo internacional para exigir la liberación de su padre y de Flores.
Tensión en las calles y expectativa internacional
La audiencia también estuvo marcada por protestas en las afueras del tribunal, donde se congregaron grupos a favor y en contra de Maduro. Las autoridades de Nueva York reforzaron la seguridad y separaron a los manifestantes para evitar enfrentamientos.
Mientras simpatizantes exigían su liberación, opositores venezolanos reclamaban justicia por los presuntos delitos imputados al exmandatario.
Aunque la decisión de este jueves representa un revés para la defensa, el proceso judicial apenas comienza. Expertos estiman que el juicio formal podría tardar entre uno y dos años en iniciar, dada la complejidad del caso y la cantidad de recursos legales pendientes.
Por ahora, el juez Hellerstein deberá emitir nuevas decisiones en torno a las mociones presentadas, especialmente sobre la financiación de la defensa y otros aspectos procesales que marcarán el rumbo del expediente en esta fase preliminar.
Mientras tanto, la causa continúa avanzando en una etapa decisiva, bajo la atención internacional y en medio de un escenario político y judicial sin precedentes para la región.
Lo Nuevo
