Uruguay cumple fallo de La Haya sobre planta celulosa

El canciller uruguayo Luis Almagro afirmó hoy que su país cumplió con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, al autorizar un incremento de la producción de la planta de celulosa de UPM que rechaza Argentina.

La solicitud para elevar la producción está prevista en los artículos 7 al 12 del Estatuto del Río Uruguay, y la autorización se concretó "cuando ya habían vencido los plazos allíestablecidos", transcurridos más de 390 días, explicó en un comunicado.

Almagro respondió así al emplazamiento que hizo el martes su colega argentino Héctor Timerman, quien anunció que volverá a recurrir a la CIJ si Montevideo no suspende la autorización a UPM de elevar su producción anual de 1,1 millones a 1,2 millones de toneladas.

El documento difundido este miércoles, que lleva la firma de Almagro y está dirigido a Timerman, señaló que Argentina "prejuzga y obstaculiza" en el ámbito de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

"Uruguay ha actuado en todo momento conforme a sus obligaciones internacionales, particularmente las contraídas a través del Estatuto del Río Uruguay", puntualizó.

También "ha procedido en forma respetuosa con la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril de 2010 en el caso de las papeleras sobre el Río Uruguay", agregó.

La nota aclaró que "Uruguay no ha roto unilateralmente el diálogo, sino que se ha pronunciado a favor de la continuación del mismo y ha hecho propuestas en tal sentido".

También señaló, "de manera enfática, que los resultados de los análisis del monitoreo conjunto, que son los mismos con los que cuentan ambos países, demuestran sin ambigüedades que la Planta Orión de UPM no contamina".

Los resultados coinciden con los que realiza la autoridad medioambiental uruguaya desde el inicio de las operaciones de la planta en 2007, añadió.

Sobre el trámite de la autorización, indicó que la delegación argentina ante la CARU "continuó realizando sucesivos pedidos de información, cuyo efecto no fue otro que el de obstaculizar el transcurso de los plazos previstos en las mencionadas normas".

"Esta práctica desnaturaliza un mecanismo que tiene como objeto la consulta y el intercambio informativo", aseveró.

La delegación argentina, "al rechazar sin más la solicitud uruguaya" en la sesión extraordinaria del 16 de abril de 2012, "prejuzgaba ya sobre la misma, anticipaba su rechazo y vaciaba de utilidad el posterior intercambio informativo".

"Para Uruguay no es aceptable que, mediante esta práctica, el derecho a la información" que establece el estatuto "se vea transformado en un derecho de veto implícito sobre los proyectos que se llevan a cabo en el territorio de la otra parte".

"Ello constituiría una flagrante violación de lo establecido en los párrafos 153 a 155 de la sentencia de la CIJ de abril de 2010, y contrario a la naturaleza, el objeto y el espíritu del Estatuto del Río Uruguay", sostuvo Almagro.

Agregó que la sentencia de la CIJ "consagra en forma expresa que, luego de haberse recurrido al mecanismo de consulta", en "el caso de subsistir entre las partes opiniones discrepantes, el país que proyecta puede autorizar dicho proyecto bajo su responsabilidad".

La CIJ dictaminó en 2010 que Uruguay incumplió el tratado bilateral al autorizar la instalación de la fábrica, pero descartó que ésta contamine, como denunció Argentina.

UPM funciona desde 2007 en Fray Bentos, 310 kilómetros al noroeste de Montevideo, sobre el río Uruguay, a 30 kilómetros de la ciudad argentina de Gualeguaychú.