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- 17/01/2014 13:13
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El presidente de los Estados Unidos Barack Obama ha pedido que se realicen cambios importantes en la manera cómo las agencias de inteligencia de Estados Unidos recogen y almacenan información sobre los habitantes del país y los extranjeros, a raíz de las revelaciones que han desatado la ira por la amplia vigilancia que ha ejercido ese gobierno y las preocupaciones que ha generado sobre la privacidad.
Algunos de los cambios entrarán en vigor inmediatamente. Otras requerirán más estudio y podrán ser implementados por el Congreso estadounidense.
Acá encontrarán un vistazo a algunos de los cambios que el presidente Obama propone:
Estos registros, que incluyen los números marcados y duración de las llamadas, pero no el contenido de las mismas, actualmente se almacenan por el gobierno. Pero Obama está pidiendo que eso cambie. Ha ordenado al fiscal general y a las agencias de inteligencia crear un nuevo plan para que un tercero almacene éstos datos. Algunas propuestas que han considerado en el pasado incluyen a compañías telefónicas o a un tercero encargado de dicho almacenamiento de datos.
Además, el gobierno ya no podrá acceder a los registros telefónicos más allá de dos "saltos" o llamadas de la persona a la que se dirigen. Eso significa que el gobierno no puede acceder a los registros de alguien que llama a alguien que llamó a alguien que llamó al sospechoso.
Las entidades destinatarias están actualmente impedidas de revelar que han recibido dichas solicitudes. La propuesta de Obama pide que el gobierno argumente la necesidad de que esas cartas se mantengan en secreto. La Casa Blanca también dice que quiénes recibieron esas cartas con su respectiva solicitud estarán en capacidad de tener más información sobre las misivas y que esa información estará a disposición del público.
Un aspecto que Obama no propone cambiar es la capacidad del gobierno para emitir dichas cartas sin solicitar la aprobación previa de un tribunal.
La directiva dice la inteligencia no se puede usar para atacar o suprimir la crítica, para proporcionar una ventaja competitiva a empresas de Estados Unidos, o para discriminar a las personas por su raza, género u orientación sexual.
Obama también propone ampliar protecciones que los ciudadanos estadounidenses tienen en contra del espionaje a algunos extranjeros. Ordenó al Director Nacional de Inteligencia y al Fiscal General desarrollar una serie de salvaguardias que establecen cuánto tiempo Estados Unidos puede tener en su poder información sobre ciudadanos no estadounidenses en el extranjero, y cuáles son las restricciones para la utilización de esos datos.
Esta es una propuesta que Obama no puede implementar por su cuenta pues se trata de otra rama del poder público y el Congreso tendrá que reformar la ley para cambiar la forma en que ese tribunal funciona.
En la Casa Blanca, un alto funcionario será designado para que las garantías al derecho a la intimidad y la privacidad sean observadas.
Obama también quiere centralizar el proceso por el que se hacen peticiones de información de inteligencia a Estados Unidos y que provienen de gobiernos extranjeros.
Obama ordenó a un asesor de alto nivel de la Casa Blanca, John Podesta, a ampliamente revisar la información disponible sobre la privacidad de las personas y a incluir en dicho estudio a expertos de la industria y del tema de la intimidad.