Adiós al Congreso

BUENOS AIRES. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, comenzó ayer a transitar la segunda mitad de su mandato con un escenario nuevo para su gobierno y el de su antecesor y esposo, Néstor Kirchner. Por primera vez en seis años, la agrupación oficialista no controlará el parlamento.

Al asumir los diputados y senadores que conquistaron una banca en las elecciones legislativas parciales de junio, la oposición en sus diversas expresiones sumadas pasa a detentar la mayoría en la cámara baja del Congreso de la Nación.

En el Senado, donde el gobernante Frente para la Victoria, el sector centroizquierdista del Partido Justicialista (peronista), tenía quórum propio, existe a partir de ahora un equilibrio.

Sólo con la suma de aliados, la bancada oficialista podría lograr el mismo número de senadores que la oposición.

Para los analistas, esta nueva realidad puede fomentar la cooperación o el conflicto entre poderes. Y la alternativa no dependerá sólo del gobierno.

“El gobierno no debería olvidar que cuando un presidente pierde la mayoría legislativa una estrategia imperial contribuye a su desestabilización, como le ocurrió a (Fernando) Collor de Melo”, presidente de Brasil entre 1990 y 1992, cuando se vio forzado a renunciar ante denuncias de corrupción, dijo la politóloga Carla Carrizo, de la Universidad Católica Argentina.

“Pero la oposición tampoco debe perder de vista que, a diferencia de los sistemas parlamentarios, en los sistemas presidenciales las elecciones de renovación parcial no eligen nuevos gobiernos ni avalan ninguna soberanía parlamentaria”, advirtió.

Equilibrio, sistema de pesos y contrapesos, tolerancia, negociación, acuerdos, son los elementos que Carrizo recomendó manejar en la nueva escena que se inaugura a dos años de la asunción de Fernández. “La norma sería ahora que mejor que imponer es negociar”, subrayó la experta.

La oposición ya advirtió que apuntará a tratar en el ámbito legislativo temas polémicos en los que no logró incidir hasta ahora en la política oficial, como la presunta manipulación de datos estadísticos, la falta de control de las obras públicas y la intervención del gobierno en la designación de jueces.

El sector oficial, a la defensiva, advierte que si se sancionan proyectos contrarios a sus estrategias podría apelar al veto.

El analista Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, señaló que “en lo inmediato, el oficialismo pierde el control del Congreso tras haberlo tenido durante seis años y medio y haberlo utilizado con intensidad para acentuar el desequilibrio de poderes a favor del Ejecutivo”.