Destino de militares en manos de la Corte

TEGUCIGALPA. La Corte Suprema de Honduras debe resolver si acoge una denuncia de la Fiscalía contra la cúpula militar por “abuso de autoridad” por arrestar y expulsar del país al presidente Manuel Zelaya a raíz del golpe de Estado de junio de 2009.

La Fiscalía hondureña presentó un requerimiento contra los militares que se vieron involucrados en la violenta expulsión de Zelaya hacia Costa Rica, adonde el depuesto presidente fue expulsado.

Entre los denunciados están los generales Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; Venancio Cervantes, comandante de la Fuerza Aérea, y Luis Javier Prince, comandante de la Fuerza Naval.

La Fiscalía los interrogó en julio y, con base en los testimonios, el fiscal general Luis Rubí elevó el caso a la Corte Suprema.

“La Fiscalía ya los interrogó y con base en los testimonios consideró que sí hubo delito”, dijo el asesor de la Fiscalía, René Pineda.

Pineda explicó que la Corte tiene tres días para valorar las pruebas, pero está obligada a citar a los militares acusados de cometer los delitos de abuso de autoridad y expatriación en contra de Zelaya, refugiado en la embajada de Brasil en Honduras desde el 21 de septiembre, tras entrar subrepticiamente en el país.

“La Corte tiene entre tres y seis días para valorar las pruebas, pero de todas formas citará a los indiciados”, afirmó.

Indicó que si la Corte considera que hubo delito puede emitir orden de detención o dictar medidas cautelares como prisión domiciliar, impedimento de salida o la presencia en algunos lugares.

“Creo que esta situación a quien más beneficia es a los militares mismos, porque se va a despejar una nebulosa de si cometieron delito”, opinó.

Dijo que la Fiscalía busca definir la situación de forma legal y que no sea una decisión política, como es la amnistía.

Además eliminará la posibilidad de que sean juzgados por un tribunal internacional.

El vocero de las Fuerzas Armadas, coronel Ramiro Archaga, declaró ayer que “toda la junta de comandantes responderá ante la autoridad como cualquier ciudadano, si los jueces los llaman, se presentarán para responder”.