Batalla legal por la extradición de Portillo

Tanto la fiscal, como la defensa y los expertos tienen opiniones encontradas sobre el proceso a seguir en la extradición a EEUU del primer ex gobernante guatemalteco, capturado el pasado martes.

La justicia norteamericana acusa a Portillo de lavar “decenas de millones” de dólares supuestamente robados del erario guatemalteco y de donaciones de Taiwán cuando fue presidente (2000-2004).

Según la fiscal a cargo del proceso de extradición, Eunice Mendizábal, la última palabra recae sobre México porque ese país autorizó en 2008 el regreso de Portillo a Guatemala para ser juzgado por el delito de peculado, un proceso aún abierto en el país.

“Portillo no puede ser entregado a un tercer país requirente sin que medie una autorización con México”, opinó Mendizábal, indicando que es “un trámite meramente diplomático donde interviene el Ejecutivo para hacer el requerimiento, pero la decisión está en manos de México”.

Asimismo, la fiscal dijo que Portillo no puede ser extraditado de inmediato porque primero tiene que ser juzgado en su país por peculado; el ex presidente está acusado de sustraer ilegalmente unos 15 millones de dólares del ministerio de la Defensa durante su administración.

En cambio, el abogado penalista José Toledo consideró que la decisión corresponde al actual mandatario Álvaro Colom, según el Tratado internacional entre Guatemala y Estados Unidos.

“La última palabra la tiene el presidente de la República, la sentencia tiene que ser enviada al Ejecutivo y el gobierno va a decidir si entrega o no al acusado”, dijo a Siglo XXI.

También estima que el tratado señala que “se podrá diferir” la extradición, es decor que “puede ser juzgado primero aquí o en EEUU”.

“Él (Portillo), en primer lugar no está acusado, solamente sindicado, porque no ha habido el debate de apertura a juicio; por lo que sé, puede ser extraditado”, aseveró.

“El Estado de Guatemala está en la facultad de entregar al ex presidente a las autoridades estadounidenses, porque la palabra “podrá” es facultativa”, según el también el abogado penalista, Luis Pedro Álvarez.

Por su parte, el defensor de Portillo, Telésforo Guerra, se ampara en un artículo del Código de Derecho Internacional Privado según el cual, indicó, los estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. “La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará obligada a juzgarlo”, añadió.

Según Guerra, en ese tratado quedan exentos de ser extraditados los jefes de Estado y aunque Portillo dejó el poder, los delitos imputados se habrían cometido cuando gobernaba el país.