Policías reclaman menos imposición

QUITO. El 30 de septiembre del 2010, también conocido como 30-S, es un mal recuerdo que ahora genera opiniones divididas en las filas de la Policía Nacional (PN).

Mientras las sanciones administrativas siguen su trámite interno, hay quienes se ven alentados por el alza de sueldos, vivienda fiscal y traslados a sus lugares de origen, y también hay quienes, ya sin mayor entusiasmo, le ponen reparos y se resisten a los cambios propuestos por el gobierno.

Según las cifras de la Comandancia, en los ocho meses que han pasado desde la sublevación, se han sancionado a 907 uniformados: 50 oficiales superiores, 56 oficiales subalternos y 801 clases y policías.

La mayor preocupación recae sobre los 175 casos de ‘mala conducta profesional’. En caso de probarse la falta, la sanción será la separación de la Policía, lo que intranquiliza a la tropa, según abogados que se encargan de su defensa.

Solo el pasado 26 de mayo se registraron 16 bajas derivadas de la insubordinación.

El jefe de Estado Mayor de la PN, general Wilson Alulema, explica que la demora en estos procesos se debe a los pedidos de reconsideración ante cada resolución.

Esto, dice el oficial, está mal reglamentado, pues dilata los tiempos de temas disciplinario-administrativos. Además, los policías sancionados podrían apelar o plantear acciones de protección.

Desde el 30-S, pese a los discursos, la relación entre la Policía y el poder político no logra consolidarse.

Oficiales consultados reconocen que si bien el ministerio del Interior tiene la facultad legal de dirigir a la institución, debe hacerlo con base al diálogo.