Ofensiva contra indocumentados

L egisladores republicanos en el Congreso de Estados Unidos han lanzado su mayor ofensiva en mucho tiempo para lograr que millones de inmigrantes indocumentados se vayan de este país: un proyecto de ley que exigiría a los empleadores que verificaran electrónicamente el estatus legal de sus empleados. Suena como una idea muy razonable, pero la manera en que quieren hacerlo tendría consecuencias nefastas.

La semana pasada, el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Lamar Smith y otros 11 de sus colegas republicanos propusieron el proyecto de ley E-Verify, que exigiría a los empleadores usar una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional para comprobar el estatus inmigratorio de todo nuevo trabajador. Según fuentes legislativas, el proyecto de ley tiene buenas posibilidades de ser aprobado en la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano.

En el Senado, una ley semejante fue patrocinada por el senador Chuck Grassley (Republicano por Iowa) y respaldada por otros nueve colegas republicanos, incluyendo Marco Rubio de Florida. No se sabe cuál será su suerte en un Senado bajo el control Demócratas.

Los partidarios del E-Verify argumentan que el sistema ya es obligatorio en estados tales como Arizona, Georgia y Alabama, y que funciona bien. El proyecto del congresista Smith daría a los empleadores hasta dos años para usar E-Verify con todo nuevo empleado, y les daría la opción de usar el sistema también para los empleados existentes.

‘Con el índice de desempleo en 9 por ciento, los empleos escasean’, dice Smith en su portal de internet. ‘Sin embargo, pese al desempleo record, hay en Estados Unidos 7 millones de personas trabajan ilegalmente. Esos empleos deberían ser ocupados por trabajadores legales’. Agrega que ‘el uso del sistema sólo requiere de unos pocos minutos, y rápidamente confirma la legalidad del 99.5 por ciento de los empleados elegibles’.

A primera vista, suena perfectamente lógico. Pero cuando uno empieza a ahondar un poco en el tema, resulta que —a menos de que el E-Verify vaya de la mano con otras medidas más amplias para resolver la crisis migratoria— la verificación electrónica obligatoria podría causar más problemas de los que solucionaría. He aquí algunos de los argumentos de los empresarios y grupos proinmigración que critican el proyecto: ‘La base de datos E-Verify es imperfecta. El 99.5% de precisión mencionado por el representante Smith sólo se refiere a los trabajadores con sus papeles en regla. En cambio, cuando se trata de trabajadores indocumentados, el sistema falla en un 50% de los casos, porque los indocumentados presentan documentos.