¿Insurgencia terrorista en México?

Como en todas las temporadas de campaña electoral, en que los legisladores compiten por ocupar los titulares, en estos días se discuten algunas ideas extravagantes en el Congreso de Estados Unidos. Una de las más delirantes —y peligrosas— es un proyecto de ley republicano que propone utilizar ‘tácticas de contrainsurgencia’ para combatir una supuesta ‘insurgencia terrorista’ en México.

La propuesta, patrocinada por el presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara, el legislador Connie Mack, republicano de Florida, y aprobada por ese panel de mayoría republicana el 15 de diciembre, dice que su propósito es ‘proteger a los ciudadanos estadounidenses de amenazas externas’ planteadas por los carteles de narcotráfico mexicanos, a los que denomina organizaciones ‘terroristas’.

Hace notar que el Plan Mérida de Estados Unidos y México contra los carteles del narcotráfico no está dando frutos, y propone, entre otras cosas, la presencia de asesores militares estadounidenses en México, y la adopción de ‘tácticas de contrainsurgencia’ que supuestamente estarían ‘coordinadas’ con México.

Pero el texto es muy vago con respecto a cuáles serían esas tácticas. El término, según el diccionario, se utiliza para describir ‘acciones de un grupo, ejército, etc., contra personas que pelean para derrocar un gobierno’, y suele ser asociado con el combate contra grupos irregulares mediante medios irregulares.

Llamé al despacho de Mack y pregunté si está proponiendo asesinatos selectivos en México, o algo semejante, y sus asesores me dijeron que no. Les pregunté si el proyecto de ley incluiría posibles acciones unilaterales de Estados Unidos en México, y la respuesta fue nuevamente negativa.

El congresista Eliot Engel, demócrata de Nueva York, el único voto de disenso del panel, me dijo en una entrevista subsiguiente que independientemente de las propuestas del proyecto de ley, calificar de terrorista a los carteles mexicanos es absurdo, porque los carteles mexicanos no tienen una agenda política. Un segundo proyecto de ley patrocinado por Mack, y aprobado por el mismo subcomité de la Cámara ese mismo día, propone un recorte del 20% de los fondos estadounidenses destinados a la Organización de Estados Americanos (OEA), si esa institución no aplica sus propia Carta Democrática para condenar las medidas anticonstitucionales de Venezuela y Nicaragua. Engel, que también se opuso a este proyecto de ley, me dijo que el recorte sería contraproducente, especialmente después de que los países latinoamericanos crearan recientemente una nueva organización regional conocida como la CELAC que no incluye a Estados Unidos.

ANALISTA