La ley Snowden

En los Estados Unidos es habitual que las leyes sean conocidas por los nombres de los senadores o legisladores que las promueven o defienden. La pasada semana, el presidente norteamericano, Barack Obama, anunció un cambio legislativo que bien podría ser conocido como la Ley Snowden. Sería justo que la nueva normativa fuera bautizada con el apellido del ex trabajador de la NSA, que ha revelado al mundo los excesos que durante años han cometido los servicios de espionaje norteamericanos. El presidente Obama, cumpliendo con uno de sus compromisos, tras conocerse que su país había espiado a diestro y siniestro, a amigos y enemigos, anunció hace meses que su Gobierno tomaría medidas para limitar los excesos de sus servicios secretos. El anuncio de la semana pasada establece que en los próximos meses las normas que regulan la actuación de la NSA serán modificadas para evitar que la agencia almacene millones de datos telefónicos. Del mismo modo, el presidente estadounidense anunció que las reformas impedirían espiar a mandatarios de países amigos, como ocurrió con las presidentas Rousseff y Merkel, y que la actividad de escucha e intervención telefónica de la NSA estaría contralada, como ya ocurre en otras muchas otras democracias, por los tribunales de justicia.

La mayoría de la comunidad internacional dio la bienvenida a la rectificación del Gobierno americano, si bien la reforma anunciada, además de aplicarse lentamente, se queda lejos de los postulados más garantistas defendidos por los Gobiernos europeos y por las asociaciones que denuncian un sistema que puede vulnerar de forma permanente la intimidad de la ciudadanía y de sus comunicaciones. Es evidente que salvaguardar la seguridad de un país y de sus ciudadanos puede suponer en ocasiones una limitación de los derechos y de la intimidad. La cuestión es que da la sensación de que el difícil equilibrio entre seguridad y libertad ha estado inclinado, durante demasiado tiempo, a favor de una seguridad a cualquier precio y por encima de todo tipo de control judicial independiente. Esperemos que a partir de ahora los servicios de espionaje de la NSA respeten la intimidad de las comunicaciones, y sólo actúen con autorización judicial, cuando la intromisión este claramente justificada, y que la norma se aplique a cualquier persona aunque no se apellide Rousseff o Merkel y no sea presidente de un país amigo de los EEUU.

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