Comisión legislativa ordena inspecciones “in situ” por contratos en la Autoridad de Aseo

La Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la realización de giras de inspección y fiscalización técnica a los centros de transferencia de desechos sólidos que operan en Panamá Este y San Miguelito, tras un extenso intercambio de cuestionamientos sobre contratos firmados en 2024 para servicios prestados en 2023 y la ausencia de licitaciones públicas para la operación de estas instalaciones.

El debate se desarrolló durante la comparecencia del director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Ovil Moreno, quien respondió a las consultas del diputado Betseria Richard, bajo la moderación del presidente de la comisión, Edwin Antonio Vergara.

Contratos firmados después de prestado el servicio

Uno de los principales puntos de fricción fue la firma, el 12 de noviembre de 2024, de un contrato entre la Autoridad de Aseo y la empresa Pronto Aseo para servicios de operación de un centro de transferencia que, según lo expuesto, fueron prestados entre el 21 de junio y el 31 de diciembre de 2023.

Richard cuestionó la legalidad de suscribir un contrato un año después de ejecutado el servicio, señalando que durante ese periodo no existía contrato vigente, fianza de cumplimiento ni partida presupuestaria asignada. Añadió que el refrendo del documento se dio el 16 de diciembre de 2024, pocos días antes de la salida del contralor general de la República, Gerardo Solís.

Ante los señalamientos, el director de la Autoridad de Aseo explicó que, al asumir el cargo —ratificado por la Asamblea Nacional el 31 de julio de 2024—, encontró deudas acumuladas de administraciones anteriores, algunas incluso desde 2014. Sostuvo que estos compromisos fueron “saneados” tras verificarse que los servicios sí se habían prestado, y que el reconocimiento de los pagos se tramitó con los sustentos correspondientes ante las instancias fiscalizadoras.

No obstante, el diputado Richard cuestionó que, en lugar de presentar denuncias ante el Ministerio Público por posibles irregularidades del pasado, se optara por “legalizar” esas obligaciones con firmas de la actual administración.

Eficiencia y costos de los centros de transferencia

El intercambio también abordó la utilidad y eficiencia de los centros de transferencia de desechos, particularmente en Panamá Este. Richard puso en duda la lógica de trasladar la basura desde áreas como Tocumen o Pacora hasta Paso Blanco, cerca de Chepo, para luego llevarla a Cerro Patacón.

El director de Aseo defendió el modelo, explicando que estos centros se utilizan cuando la distancia supera los 30 kilómetros. Según detalló, el tráfico diurno puede limitar a un camión recolector a una sola frecuencia diaria hacia Cerro Patacón, mientras que el uso de estaciones de transferencia permite compactar los residuos y trasladarlos de noche, reduciendo el tiempo de viaje a unos 40 minutos y aumentando la frecuencia de recolección a dos o tres veces por día.

Sin embargo, el diputado insistió en que el esquema estaría encareciendo el servicio. Señaló que el contrato de operación del centro asciende a 1.8 millones de dólares, lo que equivale a un gasto aproximado de 1,000 dólares diarios.

“Proveedor único” y posible conflicto de interés

Otro de los puntos cuestionados fue la figura legal bajo la cual opera actualmente el centro de transferencia, dado que el contrato original venció en diciembre de 2023. Funcionarios de la Autoridad de Aseo indicaron que se ha recurrido a procedimientos excepcionales de contratación directa, amparados en la Ley 79, bajo el argumento de que se trata de un “proveedor único”.

Richard objetó esta justificación y advirtió sobre un posible conflicto de interés, al revelar que una nueva licitación para la recolección de desechos en Panamá Este, valorada en 44 millones de dólares, fue adjudicada a un consorcio en el que participa Pronto Aseo, la misma empresa que opera el centro de transferencia.

Según el diputado, el uso de esta estación podría representar un sobrecosto significativo para el Estado, estimando que a lo largo del contrato el país pagaría decenas de millones adicionales solo por el uso del punto de transferencia. Añadió que la empresa también ha recibido contratos directos para alquiler de equipo pesado por montos que superan los 300,000 dólares en conjunto.

El director de la Autoridad de Aseo rechazó que exista dependencia entre la recolección y la operación del centro de transferencia, y aseguró que este modelo también es utilizado por juntas comunales. Reconoció, no obstante, que el tema forma parte de reclamos presentados por otras empresas participantes en la licitación y se comprometió a remitir a la comisión cifras detalladas por escrito.

Giras de fiscalización y posible denuncia

Al cierre del debate, el presidente de la comisión, Edwin Vergara, coincidió en que las cifras expuestas generan dudas razonables. Indicó que, según cálculos preliminares, el uso del centro de transferencia podría estar incrementando el costo en aproximadamente 56 dólares adicionales por tonelada de desechos.

Ante este escenario, la comisión aprobó la propuesta de realizar giras de trabajo para inspeccionar “in situ” el manejo de los desechos sólidos y la administración de los centros de transferencia en Panamá Este y San Miguelito.

El diputado Richard concluyó que, de comprobarse irregularidades o un perjuicio económico al Estado en el informe técnico que resulte de estas inspecciones, el caso debería ser remitido al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.