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Actualizado
- 09/12/2014 19:33
Creado
- 09/12/2014 19:33
El texto se dirige a funcionarios señalados de dirigir o asistir en "actos de violencia o abusos serios de derechos humanos"
La Casa Blanca ofreció este martes su apoyo tácito a un proyecto de ley en discusión en el Congreso, que impondría sanciones contra funcionarios venezolanos acusados de violaciones de derechos humanos contra opositores.
Un alto consejero de Seguridad Nacional dijo en noviembre que el gobierno estadounidense no se opondría a nuevas sanciones contra Venezuela y "esa sigue siendo nuestra posición", confirmó a la AFP el martes el portavoz de ese departamento, Patrick Ventrell.
El presidente Barack Obama debe firmar la iniciativa, que fue aprobada el lunes en el Senado, para que se convierta en ley.Si eso sucede, a los funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos les será prohibida la entrada a Estados Unidos y sus bienes serán bloqueados.
El texto se dirige a funcionarios señalados de dirigir o asistir en "actos de violencia o abusos serios de derechos humanos", arrestos o causas judiciales contra manifestantes antigubernamentales en Venezuela.
Pero una cláusula que destinaba 15 millones de dólares para ayudar a organizaciones antigubernamentales y medios independientes venezolanos fue eliminada del proyecto final del Senado.
La Cámara de Representantes (diputados), que aprobó un proyecto similar en mayo, espera que se adopte el texto del Senado en los próximos días, dijo a la AFP un asesor legislativo.
Los legisladores corren contra el tiempo: el Congreso actual quema sus últimas horas esta semana antes que una nueva legislatura dé inicio en enero. "Es materia de días, si no muere la iniciativa completamente", señaló.
Historia de tensiones
La votación en la cámara alta se realizó solo 48 horas después de la derrota para reelegir a la senadora demócrata Mary Landrieu, quien se había opuesto al proyecto por temor a que las sanciones afectaran una refinería de la venezolana Citgo, ubicada en su estado de Luisiana.
Venezuela, sumida en una polarización política, fue sacudida entre febrero y mayo por protestas opositoras que, incitadas por la escasez de alimentos y la rampante inseguridad, dejaron 43 muertos.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, quien acusó a grupos de derecha en Estados Unidos de promover los disturbios, advirtió el sábado que está "evaluando" las relaciones con Washington porque el "intervencionismo" de su embajada en Caracas "empieza a ser intolerable".
Tras las manifestaciones, Estados Unidos tachó repetidas veces de inoportunas las sanciones contra el gobierno venezolano, pero los esfuerzos fallidos de aliados latinoamericanos para bajar las tensiones entre opositores y oficialistas, hicieron que Obama cambiara de opinión, dijo el alto consejero en noviembre.
En agosto el Departamento de Estado negó visas a 24 funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en violaciones de los derechos humanos durante las protestas.Mientras tanto, Washington ha criticado reiteradamente los procesos judiciales contra los principales promotores de las manifestaciones: el dirigente Leopoldo López, en prisión desde febrero pasado y acusado de incitar a la violencia; y la destituida diputada María Corina Machado, imputada días atrás por la fiscalía de conspirar para asesinar a Maduro.
Caracas y Washington mantienen tensas relaciones diplomáticas desde la llegada al poder del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013), y que llevaron al retiro de embajadores en 2010.No obstante, Estados Unidos es el principal comprador del petróleo venezolano.
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