La corrupción mancha a Chile

Las investigaciones por los recientes casos de corrupción develados en Chile continúan esta semana con la citación a declarar del empresario Giorgio Martelli, quien fungió como recaudador de fondos para la campaña que llevó a la presidencia a la actual mandataria Michelle Bachelet.

La información fue dada a conocer a los periodistas por el fiscal nacional Sabas Chauán, quien indicó que Martelli declarará como imputado en las indagatorias por los casos de presunta financiación irregular de campañas políticas, informó la radio chilena BioBio en su sitio web.

La agencia de noticias AFP precisó que la citación de Martelli se produce debido a que entregó facturas por las que recibió pagos por servicios que no se prestaron a una empresa filial de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich).

El estallido del escándalo en el consorcio minero, aunado a las maniobras de Martelli, podrían confirmar el financiamiento ilegal de campañas políticas.

La empresa minera tiene en su junta directiva a Julio Ponce Lerou, uno de los exyernos del exdictador chileno Augusto Pinochet.

Según el portal web de la televisora Chilevisión , Soquimich realizó aportes a campañas políticas desde 2008 por el orden de los 7 millones de dólares. La mayor parte de esos financiamientos se dieron durante la campaña de 2013, en la que se distribuyeron, bajo el criterio de su gerente general Patricio Contesse, poco más de 2 millones de dólares.

El exministro de Interior Rodrigo Peñailillo, quien hasta hace poco era ‘la mano derecha' de Bachelet, elaboró una serie de informes para la empresa Asesorías y Negocios Spa, propiedad de Martelli. La oposición cuestionó el contenido de los informes, al señalar que los textos eran un ‘presunto plagio'.

Por ese trabajo Peñailillo recibió 4 pagos que totalizaron 16 millones de pesos (US$ 26,000).

La investigación en la que está involucrada Soquimich surgió como un apartado del caso Penta, un conglomerado financiero que está bajo la lupa de las autoridades por presunto fraude tributario.

EL ESCÁNDALO DE PENTA

El Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) empezó a recibir mensajes anónimos sobre las irregularidades en la contabilidad del consorcio financiero a mediados de 2014, según indica el portal de BBC Mundo .

Según Hugo Bravo, exgerente del Grupo Penta que está imputado por la fiscalía chilena por un supuesto fraude al Fondo de Utilidades Tributables, se gestó un plan de financiamiento ilegal a políticos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido al que pertenece el expresidente Sebastián Piñera.

Uno de los funcionarios de la administración de Piñera que mencionó Bravo en su comparecencia ante el fiscal Carlos Gajardo fue Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería.

Wagner está bajo arresto domiciliario acusado de cohecho, lavado de activos y fraude tributario, por supuestamente haber recibido dinero de Penta durante su gestión en la Secretaría de Minería, según informaron fuentes judiciales a la agencia Efe .

La investigación que adelanta el fiscal Gajardo involucra, además de Wagner, a otros siete miembros de la UDI, según publica el diario La Tercera . Sin embargo, también fueron citados a declarar Alberto Undurraga y Andrés Velasco, ambos exministros de Bachelet.

Undurraga, quien hasta la semana pasada estaba al frente del Ministerio de Obras Públicas, es el creador de la fundación Ciudad Justa, organización que recibió 4 millones de pesos por un informe que según el exministro ‘fue un estudio que se vendió a esta empresa de manera correcta y legal'.

Sin embargo, en archivos remitidos a la SII por el fiscal Gajardo, en los que se documenta la versión de Hugo Bravo, quien señala que Mario Livingstone, allegado a Undurraga, habría tramitado el pago con fines electorales.

Bravo señaló también que Velasco recibió dinero con fines políticos. El extitular de Hacienda fue llamado a declarar por su participación en una conferencia ofrecida al Grupo Penta por la que recibió 20 millones de pesos (US$ 32,500).

ORGULLO MANCHADO

Chile, país que según la organización Transparencia Internacional ocupó el sitial de honor como el menos corrupto de Latinoamérica en su informe del pasado mes de diciembre, ahora está bajo la mirada inquisitoria de los inversionistas en América Latina, según indicó la agencia AFP .

Un análisis de la firma jurídica estadounidense Baker & McKenzie señala debe ser erradicada la corrupción de las instituciones con el fin de atraer el capital necesario para dinamizar la región.

La guinda del pastel fue la develación del caso Caval. La propia familia de la presidenta Michelle Bachelet se involucró en la compra de un lote de terreno que fue posteriormente vendido 3 millones de dólares por encima de su precio original.

Tanto Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria chilena, como su esposa Natalia Compagnon, accionistas de Caval, fueron imputados por la justicia chilena por tráfico de influencias y uso de información privilegiada, en un acto que involucra a la directiva del Banco de Chile, institución que otorgó los fondos a la empresa Caval para la adquisición de los terrenos.

En un intento de ‘lavar la cara' del gobierno tras los escándalos, Bachelet renovó a su equipo ministerial y anunció reformas para atacar a la corrupción. Sin embargo, las evidencias levantadas por las autoridades judiciales dan cuenta de un flagelo que parece enlodar a los países de la región y a la clase política chilena, sin distingo de color ideológico.