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22 de Nov de 2019

América

EE.UU., refugio seguro para los exgobernantes latinoamericanos

En la medida que aumentan las investigaciones contra exmandatarios de la región, se acumulan las solicitudes hacia los Estados Unidos

El expresidente Alejandro Toledo, actualmente en EE.UU., se declaró ‘perseguido político' durante una entrevista concedida a la agencia EFE, el pasado domingo.

Estados Unidos se ha consolidado como el refugio más seguro para los exgobernantes latinoamericanos prófugos de la justicia de sus países y exhibe una conspicua falta de reciprocidad en este ámbito con sus vecinos continentales.

Son ya cuatro los exgobernantes latinoamericanos que campan por sus respetos en territorio estadounidense requeridos en sus respectivos países y contra los que pesan peticiones de extradición. A saber, Gonzalo Sánchez de Lozada, de Bolivia; Jamil Mahuad, de Ecuador; Ricardo Martinelli, de Panamá; y Alejandro Toledo, de Perú.

Los casos de Sánchez de Lozada y de Mahuad, que llevan refugiados en EE.UU. 14 y 17 años, respectivamente, alumbran un esperanzador futuro para Martinelli y Toledo, recientes huéspedes de una hospitalidad estadounidense sin parangón para millones de latinoamericanos que anhelan el llamado sueño americano.

Nadie puede acusar a Washington de haber rechazado esas peticiones de extradición porque simplemente no las ha contestado, en supuesto honor a la independencia de su poder judicial, en el que reside la potestad de acceder o no a esas solicitudes de sus países amigos. Es innumerable, sin embargo, la lista de notables personajes extraditados desde países latinoamericanos a EE.UU. y tan inusitada su celeridad en el procedimiento como la inoperancia en sentido contrario.

Sánchez de Lozada, más conocido como ‘Goni', fue juzgado en ausencia y condenado en su país por genocidio relacionado con la muerte de casi un centenar de personas en el curso de la represión militar contra una serie de protestas callejeras durante su malogrado segundo mandato presidencial, de 2002 a 2003.

Acusado y perseguido también en Bolivia por firmar contratos presuntamente ilegales con multinacionales petroleras en el ejercicio de sus funciones presidenciales, Sánchez de Lozada había gobernado exitosamente Bolivia de 1993 a 1997, pero dimitió cuando apenas se había cumplido un año de su segundo mandato en medio de la turbulencia social que aupó al poder a Evo Morales, líder cocalero en el poder desde entonces.

Mahuad, presidente de Ecuador de 1998 a 2000, vio interrumpido su tan promisorio como frustrado mandato presidencial por un golpe de Estado en medio de un descalabro económico sin precedentes. Pocos meses después de su derrocamiento, cuando ya se encontraba en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia de Ecuador ordenó su detención, acusado de perjuicio al Estado por haber ordenado como presidente de la República la incautación de todos los depósitos bancarios. Por ese delito fue juzgado y condenado en su ausencia a una pena a 12 años de cárcel, que ya habría cumplido de no ser porque desde entonces vive en Estados Unidos sin que la Justicia de ese país haya encontrado aún razón alguna para extraditarlo.

Mahuad dejó en herencia una convulsión económica, política y social en Ecuador que no se estabilizó hasta la llegada al poder de Rafael Correa, quien permaneció diez años en la Presidencia de la República, desde el 2007 hasta el pasado 24 de mayo.

EL CASO PANAMEÑO Y ODEBRECHT

Martinelli presidió Panamá de 2009 a 2014, un quinquenio que constituyó uno de los períodos de la historia reciente de ese país tanto de mayor auge económico como de más escandalosa e inescrupulosa corrupción en una multiplicidad de casos de los que él, sus familiares más directos y sus colaboradores y socios más cercanos son presuntamente responsables. La Justicia de Panamá por ahora lo ha acusado directamente en un caso de escuchas telefónicas ilegales por el que el Gobierno ha solicitado sin éxito alguno su detención a la Interpol y su extradición a EE.UU., donde el exgobernante vive y dirige sus multimillonarios negocios desde 2015.

Martinelli ha sido citado además en varios capítulos de la mastodóntica investigación suscitada por los millonarios sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en varios países latinoamericanos, entre ellos Panamá.

Precisamente ha sido el caso Odebrecht el que ha llevado a Toledo a eludir también desde EE.UU. la orden de prisión preventiva que contra él dictó este año la Justicia de su país, que lo acusa de haber recibido de esa constructora un soborno de 20 millones de dólares durante su mandato presidencial, de 2001 a 2006.

Por su parte, el expresidente Toledo ha proclamado recientemente durante una entrevista con Efe su condición de ‘perseguido político' y ha justificado su presencia en Estados Unidos por unas supuestas obligaciones académicas en la universidad de Stanford, a la que, en realidad, paga él como ‘investigador visitante' para escribir un libro.

Los casos de Martinelli y Toledo resultan más llamativos en tanto y cuanto son sospechosos en el caso Odebrecht, en el que EE.UU. ha obtenido una detallada confesión de la constructora brasileña sobre sus sobornos en diferentes países, por la que le ha impuesto una multa de más de mil millones de dólares para que pueda seguir operando en su territorio.

EXTRADICIÓN Y RAZONES DE ESTADO

En opinión del abogado y analista político Ebrahim Asvat, los procesos de extradición son trámites complejos que requieren un tiempo para su resolución.

En el caso de EE.UU., estos procesos judiciales se ventilan ante un juez que es el que determina si realmente hay mérito para extraditar a una persona, de acuerdo a lo que establece la norma interna, que se respetarán los derechos del individuo y de acuerdo a lo contemplado en los tratados firmados en esa materia entre ambos países, eso ‘es lo normal.'

Lo ‘anormal', explica Asvat, es lo que ocurre en Panamá y otros países de América Latina, donde no hacen la diferencia entre ‘una deportación y una extradición', entregando de manera unilateral a las personas solicitadas por los norteamericanos, y agrega, que tampoco se puede esperar que EE.UU. haga lo mismo, porque en última instancia es una decisión soberana de cada Estado.

Señala además, que cumplido el debido proceso puede darse el caso que por razones de la ‘política exterior' de EE.UU., un juez considere que una extradición no proceda, a solitud de manera formal por parte del Departamento de Estado.