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17 de Oct de 2019

América

Las siete cuestiones sobre las que se pronuncian el domingo los ecuatorianos

La quinta pregunta del referendo propone que se prohíba la minería metálica "en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos"

La consulta ecuatoriana tendrá lugar el domingo.

Los ecuatorianos se pronuncian el próximo domingo en un referéndum y una consulta popular sobre la lucha contra la corrupción o la reelección indefinida, con el objetivo de fortalecer la democracia, según su presidente, Lenín Moreno.

Son siete preguntas que abordan cuestiones como la lucha contra la corrupción, la reelección indefinida, la plusvalía, el cuidado del medioambiente en proyectos mineros y petroleros, y la no prescripción de los delitos sexuales contra menores.

También votan si se anula una ley contra la especulación del suelo o se reduce el área de explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní.

Las cinco primeras preguntas forman parte del referéndum y en caso de ser aprobadas implicarían enmendar la Constitución vigente, mientras que las dos últimas integran la consulta y suponen modificar la legislación vigente o introducir nuevos supuestos.

La pregunta sobre la corrupción pide el apoyo de la ciudadanía para que "se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes?".

Es producto de la corrupción descubierta en los últimos años en instancias públicas y sobre todo tras desvelarse la trama Odebrecht, por la que el vicepresidente del país, Jorge Glas, ha sido condenado a seis años de cárcel.

La segunda abre la puerta a la eliminación de la reelección indefinida para "garantizar el principio de alternabilidad", para lo que se requiere igualmente enmendar la Constitución a fin de que "todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo".

Para ello busca "dejar sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015".

Es una de las preguntas más contestadas por los sectores afines al exmandatario Rafael Correa, quien asegura que contraviene la normativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al limitar la libre elección de gobernantes o del ejercicio político.

La tercera busca reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ente que designa a las autoridades de control, para lo que se requiere enmendar la Constitución.

La reestructuración del CPCCS también ha sido censurada por el corréismo que afirma que Moreno quiere acumular poderes y terminar desmantelando el organismo.

Este mecanismo de control para fiscalizar y controlar la gestión de lo público en Ecuador terminó convirtiéndose, según sus críticos, en una herramienta del correísmo para imponer su discurso y políticas.

Por ello, Moreno propone enmendar su composición con representantes sociales incuestionables.

La pregunta referente a la no prescripción de los delitos sexuales contra menores es la que goza de mayor consenso social según las estadísticas y de ser aprobada supone enmendar la Constitución.

Esta cuestión es especialmente sensible después de los casos de agresiones sexuales a menores que salieron a la luz el año pasado, especialmente en el sistema educativo, y que provocaron alarma social.

La quinta pregunta del referendo propone que "se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos".

Aunque a priori la medida supondría limitar la actividad, los grupos ecologistas e indígenas la aceptan con reservas porque no se contempla el fin de la actividad en todo el territorio.

El ministerio de Medio Ambiente asegura que es una enmienda buena porque servirá para regular la actividad de 1.800 empresas que hoy funcionan sin normativa medioambiental alguna.

Una de las dos preguntas de la consulta busca anular una ley contra la especulación del suelo aprobada por el correísmo, que acabó paralizando el sector.

El Gobierno de Moreno pretende con su derogación impulsar la construcción y la inversión privada para crear puestos de trabajo adicionales en todos los servicios que se ven afectados.

La otra pregunta pretende reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas.

Este parque, en la Amazonía ecuatoriana, es reserva de la biosfera y hábitat de grupos indígenas en aislamiento.

Con ella el Gobierno quiere ganarse a grupos indígenas y ecologistas, aunque no paralizará la explotación de petróleo, que se seguirá realizando con nuevas técnicas de extracción horizontal.