Guatemala, crisis de derechos humanos y corrupción

En camino al Ministerio Público (MP), el pasado martes Sonia Montes, fiscal de Sección Adjunta de la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala, fue atacada a tiros por desconocidos. Montes, que sobrevivió al atentado, no es la primera funcionaria judicial agredida por presuntos sicarios. En febrero del año pasado, otra fiscal del MP fue alcanzada por dos balazos luego de que una persona abriera fuego cuando esta salía de su casa.

Mientras esto le ocurre a los que ocupan cargos públicos, quienes en teoría reciben protección por parte del Estado, para los ciudadanos comunes, en particular para aquellos ligados a la lucha por los derechos humanos, la situación es dramática.

De acuerdo con un estudio publicado en 2017 por la organización UDEFEGUA (Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala), tan solo entre enero y octubre del año pasado fueron asesinados 52 defensores de los derechos humanos.

En este mismo periodo, indica UDEFEGUA, un total de 328 activistas fueron objeto de ataques y agresiones de todo tipo, incluyendo amenazas, daños a sus propiedades, intimidación, difamación, violencia sexual, entre otros; siendo mujeres el 40.5% de las víctimas.

NIÑEZ PERDIDA

Otro sector de la sociedad guatemalteca que se encuentra en una amplia indefensión son los niños, niñas y adolescentes.

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) del país centroamericano, en su informe anual circunstanciado sobre DDHH —publicado en enero pasado—, presenta un panorama de graves fallas estructurales e institucionales a la hora de proteger a los infantes. Tan solo en 2017, 5,635 niños y adolescentes sufrieron maltratos, incluida violencia sexual.

Citando cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), sobre peritajes en casos de agresiones sexuales, la PDH señala que de las 4,576 víctimas de este tipo de abusos —solo en 2017—, el 89% corresponden a niñas y mujeres adolescentes.

Estos datos coinciden además con la alta tasa de femicidios que enfrenta el país.

Este informe apunta, con datos del Inacif, que en el mismo espacio de tiempo del estudio, 813 mujeres fallecieron violentamente el pasado año, lo que equivale a un promedio de 73 mujeres asesinadas por mes en Guatemala.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

El escandaloso caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción permitió que la crisis de derechos humanos que vive la nación centroamericana tuviera ecos internacionales.

El ‘Hogar Seguro', una institución estatal de acogida para menores, sufrió un incendio producto de una protesta protagonizada por niñas del centro, el 8 de marzo de 2017. Durante ese incidente, 41 de ellas murieron quemadas vivas.

La tragedia destapó un entramado de maltratos, abusos físicos y sexuales, e incluso asesinatos y trata, que tenían lugar en la institución; situación que motivó la protesta de las menores el día de la catástrofe.

También reveló el fracaso y amplia responsabilidad de las instituciones del Estado. Según publicaciones de la prensa guatemalteca, ya desde el año 2014, el ‘Hogar Seguro' había recibido reiteradas denuncias sobre la situación que vivían las menores en el centro; despertando investigaciones en instituciones similares del resto del país, que mantenían las mismas condiciones.

Ante esto, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, pidió al gobierno de Guatemala medidas urgentes para acabar con los abusos en los centros de acogida estatales.

Según la agencia EFE , citando al sexto y último informe de Comité, este se manifestó preocupado por la falta de reparación a las víctimas de la tragedia del ‘Hogar Seguro', como también por el traslado de las supervivientes a otros centros donde seguirán ‘expuestas a riesgos de violencia, incluidos castigos corporales y abusos y condiciones de superpoblación'.

En esta vía, la UNICEF también cuestionó al Ejecutivo guatemalteco, al calificar su respuesta como ‘lenta' e ‘incompleta'.

‘Cada una de las instituciones responsables de atender esta crisis (del Hogar Seguro) y de velar por la protección de la infancia debe otorgarle la urgencia y la dimensión que merece', manifestó en diciembre pasado, Carlos Carrera, representante de la UNICEF en Guatemala.

Carrera, aseguró a su vez, que los hechos del ‘Hogar Seguro', desnudaron ‘una crisis aún mayor' en el país, la de ‘todo el sistema como Estado y como sociedad'.

DESIGUALDAD Y CORRUPCIÓN

Esta semana, el expresidente Álvaro Colom, se sumó a otros tres exmandatarios acusados en los tribunales por corrupción.

Analistas coinciden en que la crisis de derechos humanos, y las fallas del Estado para hacerle frente, se presenta ligada a la desigualdad y corrupción que existe en el país.

Guatemala, según el Banco Mundial, presenta uno de los más altos niveles de pobreza en la región, siendo los pueblos originarios —mayoritarios entre la población guatemalteca— de los sectores más desposeídos del país.

En 2006, el Gobierno junto a la ONU acordaron la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano internacional que se presenta como independiente , y que tiene como objetivo apoyar a las instituciones policiales y de justicia para enfrentar la corrupción.

Los detractores del Cicig, le acusan de ‘injerencia' en los asuntos internos del país, mientras que los que le respaldan apuntan el rol que ha jugado el organismo en el avance de varios casos de corrupción de alto perfil.

Recientemente las relaciones entre la Cicig y el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se tensaron, luego de que este último se viera vinculado en un caso de presunto fraude al Estado en el año 2013, donde estarían involucrados, el hermano y el hijo del mandatario.

Para Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, durante su última visita al país centroamericano en diciembre pasado, reafirmó la preocupación de la ONU, sobre las marcadas desigualdades en el país.

‘Hay dos realidades en Guatemala. Para una pequeña minoría (...) es país moderno y funcional donde se concentra el poder económico y político; para el resto de la población, en particular para las mujeres, los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad, es un país donde han enfrentado toda una vida de discriminación, marginación y los efectos perniciosos de la corrupción y la impunidad', acotó en un comunicado el funcionario.

‘Hay dos realidades en Guatemala. Para una pequeña minoría (...) es país moderno y funcional donde se concentra el poder económico y político; para el resto es un país donde han enfrentado toda una vida de discriminación, marginación y los efectos perniciosos de la corrupción',

ZEID RA'AD AL HUSSEIN

ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS