25 de Sep de 2021

América

El sicariato político, el ‘viejo fantasma' en la Colombia del ‘posconflicto'

Los asesinatos políticamente motivados han sido una carta usada varias veces en contra de candidatos presidenciales e importantes líderes políticos del país andino

Como un distante chirrido de los sangrientos años 80 y 90, el exlugarteniente del narcotraficante Pablo Escobar, Jhon Jairo Velázquez alias ‘Popeye', insinuó el pasado 27 de febrero desde su cuenta de Twitter , el posible asesinato del candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro.

Los trinos lanzados desde la red social por el ‘rehabilitado' exsicario del Cartel de Medellín, convertido hoy en un conocido ‘youtuber' y ocasional ‘opinador político', despertó la indignación de la opinión pública y los señalamientos de varios actores políticos del país.

En algunas regiones del mundo, sería un exabrupto verbal deplorable que no trascendería más allá de un tuit. En otros, tendría consecuencias legales. Sin embargo, en el caso colombiano, su tortuosa historia reciente de violencia política, deja pocos márgenes para que aquello sea tomado a la ligera.

FANTASMAS DEL PASADO

En una nación desangrada por más de medio siglo de conflicto armado, los asesinatos políticamente motivados han sido una carta usada varias veces en contra de candidatos presidenciales e importantes líderes políticos del país andino.

El más relevante en la historia contemporánea colombiana, una suerte de prólogo de la larga guerra que vendría después, fue el asesinato en 1948 del popular dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán. Su magnicidio dio lugar al ‘Bogotazo', un estallido social que fue duramente reprimido por el gobierno del conservador Mario Ospina Pérez, dejando miles de fallecidos. Estos sucesos marcaron profundamente al país, convirtiéndose en una especie de catalizador del profundo descontento social acumulado, que se expresaría años después en el surgimiento de los grupos guerrilleros.

Casi tres décadas después, durante el fallido proceso de paz impulsado por la administración del presidente Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla, se fundó la Unión Patriótica (UP), partido de izquierda que incorporó campesinos, sindicalistas y también miembros de los grupos guerrilleros. Durante su periodo de mayor actividad (1984-2002), fueron muertos ocho congresistas, trece diputados, setenta concejales, once alcaldes y más de tres mil simpatizantes de la UP. Estos hechos serían calificados por la Fiscalía General colombiana, en 2014, como ‘crímenes de lesa humanidad y de guerra' en la cual hubo participación de ‘grupos paramilitares, (y) en algunos casos, en asociación con agentes del Estado, ataques generalizados, sistemáticos, reiterados contra la población civil'.

Entre los muertos de la UP, hubo dos magnicidios, ambos candidatos presidenciales. Jaime Pardo Leal, aspirante en las elecciones de 1986 y asesinado el 11 de octubre de 1987; y Bernardo Jaramillo Ossa, aspirante en los comicios de 1990 y baleado el 22 de marzo de ese mismo año. Al momento de su muerte, Jaramillo era presidente de la UP, cargo que asumiría el periodista Manuel Cepeda Vargas, que igualmente sería asesinado en agosto del 94.

Otro magnicidio de fuertes repercusiones en el país fue el del abogado y también candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán. El dirigente liberal, entonces a la cabeza en numerosas encuestas y con un discurso duro contra el narcotráfico, moriría a tiros durante un mitin en 1989.

El último candidato presidencial asesinado fue Carlos Pizarro, antiguo líder del movimiento guerrillero M19, insurgencia desmovilizada y convertida en partido, mientras duraron los pactos de paz con la administración de Betancur.

Pizarro murió a manos de un sicario el 26 de abril de 1990 en un vuelo de Avianca, que fue abatido por agentes del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —inteligencia y contrainteligencia del Estado—, que escoltaban al líder izquierdista.

Sobre este hecho, en enero del año pasado fue detenido Jaime Ernesto Gómez, antiguo funcionario del DAS y miembro de la seguridad de Pizarro durante aquel vuelo. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, citados por la revista Semana , la misión de Gómez era ‘ultimar al sicario que asesinó a Pizarro para garantizar la impunidad'.

VIOLENCIA EN EL POSCONFLICTO

La firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla —transformada hoy en partido— Fuerza Alternativa del Común (FARC), elevaron las esperanzas de una parte de la población de avanzar hacia una Colombia ‘posconflicto'.

No obstante, pese a los avances con la firma de los acuerdos de paz, la violencia no ha cesado, y aunque por el momento no parece estar a la vista una vuelta a los episodios descarnados del pasado; para cientos de líderes sociales y comunitarios, los asesinatos por razones políticas siguen ocurriendo de la misma manera que antaño.

El último informe anual de la oenegé Somos Defensores señaló que desde el inicio de la implementación de los acuerdos, la violencia generalizada disminuyó mientras los asesinatos contra dirigentes comunitarios y sociales no han dejado de aumentar.

Según la organización, para el 2017 hubo un incremento del 32.5% en los homicidios, es decir, unos 106 asesinatos contabilizados, mientras que solo en el mes de enero de este año, ya se han cometido 18 asesinatos, marcando una tendencia hacia el aumento.

Entre tanto, las agresiones a defensores de los DDHH ascendieron a 560, incluido homicidios, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones y hurtos de información sensible.

Las cifras oficiales son aún mayores, la Defensoría de Colombia indicó que ‘desde el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018 fueron asesinados 282 personas que se dedicaban a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos.'

Estas preocupaciones son compartidas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyos datos advierten sobre la situación de las poblaciones en las zonas más apartadas, en medio de un ‘vacío de poder, (que) hasta ahora, el Estado colombiano no ha podido afrontar con una presencia territorial'. De igual manera están los registros de desapariciones y desplazados, como la llegada de ‘nuevos grupos armados' a los antiguos territorios controlados por las FARC.

A esto se suma lo presentado en febrero pasado por la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos, alertando que hasta la fecha solo se ha cumplido el 18.5% de lo pactado en los acuerdos .

Según reportes de la agencia EFE , citando a la coordinación del informe, el Ejecutivo colombiano solo ha tramitado 12 de las 34 medidas acordadas para el primer año del proceso. La reforma agraria integrada tiene un 5% de avance, en lo relativo a la participación política está en 19% y en lo que respecta al fin del conflicto tan solo un 33%.

Datos alarmantes a pocos meses de los comicios presidenciales del 27 de mayo, abriendo incertidumbre frente al futuro del proceso de paz.

‘Sí, la paz trajo menos violencia generalizada en Colombia pero también se concentró en líderes sociales (...) en 2017 hubo incremento del 32.5% de defensores de los derechos humanos asesinados',

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