Arrecian protestas y exigencias para el Gobierno colombiano

Con llamados a marchas y protestas, grupos estudiantiles, sindicales, transportistas y campesinos, anunciaron este martes que volverán a las calles para exigir al Ejecutivo colombiano soluciones ante los problemas de sus sectores.

Según reportes de la agencia Efe , en una movilización nombrada como ‘Toma de capitales', las organizaciones estudiantiles reiterarán sus exigencias al gobierno de Iván Duque, para que destine mayores recursos para la educación pública.

‘Lo recaudado en 2017 por las cooperativas constituye 50,000 millones de pesos ($15,409,000) y, por ley, deberían ir a la educación pública. Esta es una de las opciones que hemos puesto sobre la mesa. No tenemos respuesta concreta sobre estas fuentes por parte del gobierno. Por eso, los invitamos a movilizarse de nuevo el 28 de noviembre', declaró ayer a El Tiempo , uno de los voceros del movimiento estudiantil.

Los universitarios, que completaron ayer 48 días sin asistir a clases por lo que el semestre está en el limbo, dicen que las universidades públicas necesitan 3.2 billones de pesos (unos $1,037 millones) para no cerrar este año.

Según explicó a El Espectador , Alejandro Palacios, miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), las manifestaciones serán masivas, haciendo un llamado a que estas se realicen de manera pacífica.

Engrosarán la movilización de universitarios otros estudiantes que vienen de otras ciudades.

Para hoy también, los transportistas y el campesinado adelantaron que confirmarán su rechazo al alza en los combustibles y la ‘Ley de Financiamiento', como se le conoce a la reforma tributaria presentada al Congreso.

El colectivo de productores campesinos Dignidad Agropecuaria se opone a que se graven con el IVA insumos y servicios para el sector agropecuario.

Mientras tanto, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) se unirá a la jornada de protesta con plantones en las principales ciudades porque, según alegan, no les han cumplido acuerdos pasados, en demanda de una mejor atención en salud y rechazo a la reforma fiscal.