Mulino, sobre conflictos de interés: ‘Todos tuvimos un pasado, salvo los vagos’

“Debo confiar en lo que ellos están diciendo’: fue la reacción inmediata del mandatario José Raúl Mulino al ser consultado ante el posible conflicto de interés en los ministerios de Obras Públicas y Salud. El mandatario remitió el asunto a las autoridades de investigación; sin embargo, por ahora, no hay pesquisas en curso. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información señaló que no tiene competencia para investigar, mientras que la Contraloría ha evitado pronunciarse.

El gobernante aseguró que no protegía a nadie. Sin embargo, advirtió que no entregaría “cabezas” solo porque los editoriales de los medios las pidan. “No, quítense esa idea de la cabeza”, afirmó.

Los cuestionamientos apuntan a los ministros de Obras Públicas, José Luis Andrade, y de Salud, Fernando Boyd, por contrataciones relacionadas con empresas vinculadas a ambos funcionarios.

En el caso de Andrade, familia extendida de Mulino, una investigación de La Estrella de Panamá reveló que modificó e incrementó el costo de una carretera de la que, nueve meses antes, era contratista, en beneficio de su socio. El funcionario no declaró conflicto de interés, según dijo, por desconocimiento y por haber actuado “de buena fe”.

En tanto, el Ministerio de Salud estuvo adquiriendo insumos a una empresa ligada a Boyd, según el diario La Prensa.

“No soy quien va a emitir un juicio de valor sobre si hicieron bien o hicieron mal. Todos tuvimos un pasado antes de llegar a a ser funcionario , salvo los vagos de profesión que nunca han trabajado en la vida y andan hablando por ahí. Los demás hemos trabajado toda una vida y a lo mejor te indilguen a ti que fuiste empresario de esto, abogado de aquel, eso es normal”.

Este medio subrayó que el asunto no es el conflicto en sí, sino minimizarlo y manejar el riesgo con lo establecido en la Ley de Prodecimiento Administrativo y la Ley 316 de 2022, ambas señalan que el ministro debe impedirse si dos años antes participó del proceso o negocio.

“Todos saben, y lo he dicho hoy, que yo no tengo protección política para nadie aquí, y obviamente, menos en relación a conflictos de interés con conflictos de intereses reales, no inventados; en el sentido de que estuvieran hoy practicando el comercio o haciendo contratos con empresas propias”.

De ‘espaldarazos’ y sistema fallido

A pesar de que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) es el ente rector en la materia, su directora Sheyla Castillo explicó a La Decana que al tratarse de ministros la competencia es de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según el Código Judicial.

Empero, confirmó que todos los ministros cumplieron con la presentación de las declaraciones juradas de intereses particulares y las pone a disposición de las autoridades.

Mientras tanto, desde hace 10 días la Contraloría General de la República ha evitado contestar las interrogantes de este medio sobre los motivos por los cuales el contralor Anel Flores refrendó la adenda que incrementó la obra, y sus apreciaciones respecto al posible conflicto de interés, preguntas enviadas mediante cuestionario.

No obstante, Flores dijo que habría que “darle un espaldarazo” a la gestión de Andrade por la ejecución, “es de los mejores ministros”, dijo el pasado 12 de junio, posterior a la publicación periodística.

Organizaciones y activistas en derechos y justiciacoinciden en que el sistema sostiene la impunidad.

El abogado Carlos Barsallo, expresidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, destacó que la Antai tiene las declaraciones de interéses particulares pero solo las custodia y la nulidad establecida en la Ley 316 para los actos donde hubiere conflicto de interés no tiene una vía procesal clara.

“Un sistema para generar pocos o nulos resultados preventivos, difícilmente logra sanciones”.

Contrariamente, la abogada y activista Magaly Castillo, asegura que la Antai puede solicitar la renuncia de un ministro, presentar denuncias ante la CSJ o al Ministerio Público, porque la Ley 316 de 2022 la califica como “la autoridad regente en materia de conflicto de intereses[...] “no se le está pidiendo que procese y juzgue a un ministro de Estado, sino que se pronuncie sobre el posible conflicto de intereses”, resaltó.

Panamá “no tiene un sistema real” para prevenir estos conflictos , carece de transparencia, concluyó Olga de Obaldía, directora Ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana —Transparencia Internacional Panamá-.

“Sin declaraciones patrimoniales y de intereses públicas, accesibles en línea, ni información visible sobre beneficiarios finales de contratistas del Estado, el sistema permanece opaco e incapaz de anticipar estos riesgos. La prevención implica apartarse de decisiones cuando existen intereses vínculos que comprometen el bien común”.

Aunque parece obvio, De Obaldía añadió que los ciudadanos pueden ejercer actividades ícitas, pero quien asume funciones públicas debe cumplir un estándar más alto para evitar conflictos entre su interés privado y el general. “No se resuelve con sanciones posteriores, dada la impunidad reinante, sino con mecanismos efectivos de prevención y control previo”