Justicia le regala una piedra en el zapato a la Lava Jato en sus 5 años

La decisión de la Corte Suprema que dejó el pasado 14 de marzo bajo la competencia de la Justicia electoral los casos que incluyen irregularidades en campañas políticas ha sido centro de fuertes críticas que señalan el dictamen como un obstáculo para la lucha contra ese flagelo en Brasil.

Desde el mismo Gobierno hasta organizaciones no gubernamentales se han pronunciado por la decisión que pone en riesgo procesos que salieron a la luz pública con la Lava Jato, la operación que reveló el mayor escándalo de corrupción de Brasil y que este domingo cumple cinco años.

La operación, que salió a la luz pública el 17 de marzo de 2014, destapó los sobornos que pagaban empresas constructoras a políticos y altos funcionarios de la estatal Petrobras para adjudicarse contratos amañados de la petrolera.

Desde entonces políticos, empresarios y funcionarios de la petrolera han sido vinculados con las corruptelas descubiertas por la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil.

Muchos de los procesos que se han abierto en el transcurso de los últimos cinco años están relacionados con desvíos de dineros a cuentas paralelas de campañas políticas, acciones que adelantó la Lava Jato apoyada en la prevalencia de la justicia penal sobre la electoral para este tipo casos.

Sin embargo, la decisión de la Corte cambió el panorama al darle a la Justicia electoral competencia sobre un tema que para muchos debe estar en manos de la penal.

Las críticas no se han hecho esperar y el polémico fallo ha sido cuestionado por las altas esferas del Gobierno y organizaciones no gubernamentales.

El Ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, quien hasta octubre pasado estuvo al frente de la Lava Jato en primera instancia, y fue el responsable de poner tras las rejas al expresidente Luis Inácio Lula da Silva, señaló este viernes que la Justicia electoral no está preparada para juzgar crímenes relacionados con corrupción o lavado de dinero.

"Respetamos la decisión del Supremo Tribunal Federal, pero persistimos en el entendimiento de que la Justicia Electoral, a pesar de sus méritos, no está adecuadamente estructurada para juzgar casos criminales más complejos, como de corrupción o lavado de dinero", precisó.

El tema ya había sido puesto sobre el tapete por el ministro, quien esta semana había resaltado la conveniencia de que los juicios electorales y comunes, como la corrupción, fueran separados.

Otra voz que se alzó contra la decisión de la Corte fue la del coordinador del equipo de fuerza tarea de la Lava Jato, el fiscal Deltan Dallagnol, quien al momento de conocer el fallo manifestó públicamente su rechazo, a través de su cuenta en Twitter.

"Hoy comenzó a cerrarse la ventana de combate a la corrupción política que se abrió hace 5 años, al inicio de la Lava Jato", escribió.

El fiscal dejó entrever su posición sobre el tema al publicar partes de la justificación del voto de Luis Roberto Barroso, uno de los cinco magistrados que estuvo en contra del mantenimiento de los casos en la Justicia Electoral.

"No será bueno, después de años de lucha contra la corrupción, moverse en una estructura que está funcionando y pasar a una estructura que no está absolutamente preparada para ello", señala uno de los extractos del voto del ministro publicado por Dallagnol.

Tras cinco años de lucha contra la corrupción, ya son 60 las fases que se han desencadenado de la Lava Jato, tiempo en el que la Justicia ha dictado sentencia en 50 procesos y ha impartido 240 condenas contra 155 personas. La suma de las penas totalizan 2.242 años y 5 días.

Los resultados de la Lava Jato son evidentes, cambiaron la percepción de la sociedad sobre las instituciones y han sido reconocidos en Brasil y en el mundo entero.

Por eso, la organización no gubernamental Transparencia Internacional también alzó su grito y divulgó una nota en la que señala que la decisión de la Corte "impacta de forma grave" la lucha contra la corrupción en Brasil.

De acuerdo con la ONG internacional, el fallo del Supremo amenaza con dejar en la impunidad procesos en curso y futuros que fueron desmantelados por la Lava Jato, porque a su entender, la Justicia electoral carece de las condiciones necesarias para sacar adelante ese tipo de casos.

Para la organización, los casos de corrupción deberían estar a cargo de la Justicia Federal porque esta "posee la capacidad y los recursos técnicos para investigar ese tipo de procesos.

Por eso, hizo un llamado al Congreso de Brasil para que tome cartas sobre el asunto y ayude a "resolver definitivamente" el asunto adecuándolo "a la vocación y a la capacidad de las instituciones judiciales en el enfrentamiento de la corrupción".

El polémico fallo se dio el jueves en una ajustada votación (6-5) que evidenció las discordias que existen sobre el tema entre los once miembros del Supremo.

La muy apretada mayoría respaldó la posición del instructor del proceso, Marco Aurelio Mello, quien consideró que si existe un delito relacionado con comicios, el caso debe ser juzgado en primer término por la Justicia electoral, especializada en esos asuntos y "preparada" también para dictar sentencias penales