Fiscalía de Bolivia admite denuncia contra ministros tras acción de prensa

La Fiscalía de Bolivia aceptó este lunes una denuncia contra los ministros interinos de Defensa e Interior (Gobierno), Luis Fernando López y Arturo Murillo, respectivamente, por el supuesto sobreprecio de cerca de dos millones de dólares en la compra de material antidisturbios, a partir de publicaciones periodísticas señaladas como falsas por los acusados.

En declaraciones a los medios, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, dijo que la denuncia "sí, se ha admitido" y ya se tiene un fiscal especializado encargado de "conformar el día de hoy una comisión" y comenzar con la investigación.

Cossío precisó que la denuncia contra las autoridades interinas se enmarca en los tipos penales de "incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y otros", por lo que habrán unos veinte días para realizar las primeras indagaciones al caso.

La denuncia formal la presentaron varios parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, a la cabeza de los diputados Franklin Flores, Sonia Brito y Édgar Montaño, a partir de la denuncia periodística del canal de televisión Gigavisión.

La información periodística advirtió de un supuesto sobreprecio por cerca de dos millones de dólares en una compra el pasado noviembre de material como gases lacrimógenos y pelotas de goma, a través de un intermediario en Estados Unidos en vez de directamente del representante de una empresa en Bolivia.

Tras la publicación, uno de los ministerios señalados explicó en un comunicado que no descansaría hasta lograr la rectificación del medio, en tanto que esas expresiones fueron asumidas como "hostigamiento" y "acoso" del Gobierno transitorio, contrarias a derechos fundamentales como la libertad de información, por parte de entidades como la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La semana pasada también se pronunció el ministro interino de Defensa, asegurando que la acusación corresponde a información errada y que el modelo de las granadas adquiridas tiene características y un peso mayor a la que refiere la denuncia del medio.

Aquel lote se adquirió con el objetivo de enfrentar al terrorismo y el narcotráfico durante las jornadas de crisis política y social que afrontó Bolivia en noviembre pasado, según fuentes oficiales.

El caso de esta compra para el Ejército y la Policía bolivianos se suma a otro que se investiga por también supuesto sobreprecio en la adquisición en España de respiradores para pacientes críticos por coronavirus, que derivó en el encarcelamiento de un exministro de Salud.