Suspenden al juez Baltasar Garzón

ESPAÑA. La Justicia española suspendió cautelarmente ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un proceso de presunta prevaricación en su investigación de crímenes del franquismo, y después aplazó la decisión sobre si le concede permiso para trabajar en La Haya.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apartó así temporalmente al juez, conocido por investigar violaciones de derechos humanos en numerosos países, de un puesto en el que lleva más de 20 años, en una resolución que fue criticada desde varios sectores políticos y sociales.

“El pleno ha acordado por unanimidad hacer efectiva la suspensión cautelar de sus funciones, que viene determinada por la resolución dictada por el Tribunal Supremo de la apertura de juicio contra el referido magistrado”, dijo a la prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo.

La demanda, planteada por el sindicato Manos Limpias y por la organización política Falange Española —que posteriormente fue apartada por defectos de forma en su escrito de acusación—, dice que el juez abrió unas diligencias contra personas fallecidas —entre ellas el dictador Francisco Franco— sobre delitos que habían prescrito o estaban amnistiados.

La vicepresidenta de España, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que el Gobierno respetaba la decisión del órgano judicial, pero recordó la “presunción de inocencia” de Garzón porque “el procedimiento no ha terminado”.

Garzón pidió esta semana ir en comisión de servicios especiales al Tribunal Penal Internacional (TPI) en calidad de asesor e investigador de crímenes masivos, tras una oferta del fiscal general de la corte con sede en La Haya, Luis Moreno Ocampo.

Al día siguiente de la solicitud de Garzón, el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela ordenó la apertura de juicio oral en su contra por investigar los crímenes franquistas, sabiendo que no tenía competencia para hacerlo.

Después de suspenderlo, la Comisión Permanente del CGPJ decidió por unanimidad retrasar la resolución sobre el traslado al TPI a la espera de informes sobre las tres demandas que afronta Garzón.

La comisión quiere saber si el fiscal general del TPI mantiene la oferta al magistrado y si el contrato implicaría alguna inmunidad procesal.

Decenas de personas se congregaron en el exterior de la sede de la Audiencia Nacional para expresar su apoyo a Garzón, que regresó ayer por la tarde al edificio, después de abandonarlo horas antes, cuando se le comunicó la suspensión cautelar.

La suspensión del juez ha sido vista en los ámbitos progresistas como un triunfo de la ultraderecha, cuyos crímenes trataba de investigar Garzón.

Por su lado, juristas y organizaciones de derechos humanos de Argentina y Chile manifestaron su apoyo a Garzón, promotor de juicios contra los responsables de delitos de lesa humanidad en esos países.

Garzón, conocido en todo el mundo por haber logrado la detención de Augusto Pinochet en Londres, en 1998, abandonó la Audiencia Nacional española con lágrimas en los ojos.

“Las lágrimas del juez Garzón son hoy mis lágrimas”, dijo el escritor y Nobel de Literatura portugués José Saramago.

Garzón tiene abiertas otras dos causas en el Tribunal Supremo: una por los ingresos que percibió durante una estancia docente en Nueva York y otra por ordenar escuchar las conversaciones entre los abogados de la trama de corrupción Gürtel y sus clientes encarcelados.

La presión ha acabado por hundir este buque insignia de la justicia universal, que ahora buscará el exilio como asesor de la fiscalía nacional en La Haya.