No quieren ni una huella gitana

GINEBRA. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU (CERD) pidió al Gobierno francés que evite las expulsiones colectivas de gitanos y se mostró preocupado por los ‘discursos políticos discriminatorios’ en Francia.

Estas declaraciones coinciden con ‘un aumento reciente de actos y manifestaciones racistas y xenófobos’, afirmó ayer el CERD. En momentos en que se está repatriando ‘colectivamente’ a gitanos, principalmente rumanos, sin la ‘aprobación libre, total e informada’, el Comité pidió a Francia que ‘evite repatriar colectivamente’ a dichos cíngaros. Estas expulsiones colectivas ‘dan la impresión de que se designó a un grupo’ en lugar de identificar individuos indocumentados, según el CERD.

El jueves, el Gobierno francés envió por avión a cerca de 300 gitanos hacia Rumania con la voluntad de acelerar esas expulsiones, pese a la presencia de dos ministros rumanos en París y de las críticas recibidas por parte de todo el mundo.

Sin embargo, las candidatas a las primarias, Martine Aubry y Ségoléne Royal, no sólo critican la política discriminatoria del presidente, sino también la utilización mediática auspiciada por el Gobierno. ‘¿Por qué hacer venir a las cámaras? No hay derecho a presentar como un espectáculo la miseria de la gente para hacer creer que la seguridad progresa’, denunció Royal en una entrevista publicada ayer por Libération.

RESPUESTA DE FRANCIA

El Gobierno francés aseguró que esa política respeta ‘escrupulosamente’ la legislación europea y sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Los gitanos rumanos o búlgaros son ciudadanos de la Unión Europea (UE) y disfrutan, como los demás, de la libertad de circulación en el territorio de los Estados miembros, pero no gozan de ‘un derecho incondicional de estancia’, precisó el portavoz del ministerio galo de Exteriores, Bernard Valero.

Eso es lo que estipula la normativa europea, según Valero, quien recordó que, tras la adhesión de un nuevo socio, el derecho comunitario ‘prevé dos límites’ a la prolongación de la estancia en otro país de la Unión: ‘el respeto del orden público’ y contar con ‘recursos suficientes para no representar una carga excesiva al sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida’. Por su parte, el portavoz agregó que estos límites se aplican o no, en función de los resultados de ‘un examen particular de cada situación individual’.