Polonia se enfrenta a la UE y defiende su soberanía para reformar la justicia

El Gobierno nacionalista polaco defendió hoy sus polémicas reformas del sistema judicial ante la decisión de la Comisión Europea (CE) de activar el proceso que podría retirarle el derecho a voto en la UE, un instrumento que tachó de "político".

Tras dos años de advertencias a Varsovia, la CE estrenó su denominada "opción nuclear" y puso en marcha del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (UE) al estimar que hay "un claro riesgo de una ruptura seria del Estado de derecho" en el país centroeuropeo, que reaccionó ante la decisión.

"Polonia deplora la activación por parte de la CE del procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE, que es esencialmente político, no legal", manifestó el Ministerio de Exteriores polaco.

Horas después de las advertencias de Bruselas, el presidente del país, Andrzej Duda, anunció que ratificará los dos últimos proyectos aprobados por el Parlamento este mes, que reforman el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional de la Judicatura.

El Gobierno dirigido por el partido conservador Ley y Justicia (PiS) se mostró dispuesto a dialogar con las instituciones comunitarias y con el resto de Estados miembros, pero señaló que no puede aceptar "opiniones unilaterales e injustas".

Su intención, agregó, es "continuar con la reforma de su sistema judicial" porque el Gobierno se lo debe a sus "votantes", argumento esgrimido por PiS para aprobar sucesivos cambios en los principales tribunales y organismos de la judicatura desde que llegó al poder en 2015.

Comenzó con la reforma del Tribunal Constitucional y continuó con leyes que han modificado el funcionamiento y la constitución del Supremo, el Consejo Nacional de la Judicatura (el organismo que designa a los jueces), los tribunales ordinarios y la fiscalía.

Ha seguido su camino a pesar de las continuas protestas en las calles y las críticas internacionales y de la oposición, que alerta, como Bruselas, de que las reformas violan la separación de poderes y aumentan la capacidad de control político sobre la justicia, que puede dejar de ser independiente en Polonia.

Ley y Justicia, el primer partido que ha conseguido mayoría absoluta en la historia moderna de Polonia, sostiene que cuenta con un mandato democrático para reformar el sistema judicial y recuerda que éste nunca ha sido verdaderamente "purgado" tras la caída del comunismo, a pesar de ser corrupto e ineficiente.

"La reforma judicial actual es muy necesaria. El diálogo entre la Comisión y Varsovia debe ser abierto y honesto. Creo que la soberanía de Polonia y la idea de una Europa unida pueden reconciliarse", manifestó en su cuenta de Twitter el nuevo primer ministro del país, Mateusz Morawiecki, que accedió al cargo la semana pasada tras una remodelación del Gabinete.

En opinión de su Gobierno, el proceso abierto por la CE supone "estigmatizar innecesariamente" a un país y "ejercer una presión política innecesaria" y debería ser el Tribunal de Justicia de la UE el encargado de decidir si un Estado miembro incumple alguna de las obligaciones que marcan los tratados.

La decisión de la CE "es todo cuestión de política, no de Estado de derecho", insistió el ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, en declaraciones recogidas por la agencia PAP.

A su juicio, Polonia sólo tendrá un papel importante en la UE "si tiene tribunales eficientes y que funcionen bien", lo que obliga al Gobierno a continuar con la reforma del sistema.

Para demostrarlo, el presidente del país pronunció por la tarde un discurso en el que anunciaba su intención de ratificar las dos últimas leyes aprobadas y atacaba a las "élites" que las cuestionan.

Ante las multitudinarias manifestaciones en el interior del país y las advertencias desde el extranjero, el pasado verano Andrzej Duda, vinculado a PiS, se negó a ratificar ambos proyectos y los reformuló, pero las nuevas versiones también han sido duramente criticadas.

Uno de los apartados más polémicos de la reforma del Supremo es la rebaja de la edad obligatoria de jubilación para los jueces, que pasa de 70 a 65 años, lo que obliga a parte de los 87 magistrados en activo a dimitir a menos que el presidente del país les exima de manera individual de esa exigencia.

Por su parte, la reforma del Consejo Nacional de la Judicatura da al Parlamento, donde el PiS cuenta con mayoría absoluta, el poder de elegir a 15 de los 25 magistrados de este órgano, que hasta ahora eran nombrados por otros jueces.

Para Duda, los dos proyectos contienen "muy buenas soluciones" para democratizar y mejorar el sistema judicial" y devolverán a los ciudadanos "la fe en la justicia, la fe en los tribunales polacos y la fe en la administración de justicia".