España y sus presos políticos catalanes

Hoy los catalanes votarán en las elecciones autonómicas que menos garantías de equidad han tenido desde el restablecimiento de la joven democracia española. Dos de los tres candidatos con mayores posibilidades de hacerse con la victoria, el socialdemócrata Oriol Junqueras, del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Presidente catalán cesado Carles Puigdemont, de Junts per Catalunya (JxC), han visto seriamente conculcados sus derechos de participación política durante la campaña electoral en una acción concertada desde los poderes del Estado español. Puigdemont se encuentra hoy en el exilio en Bélgica junto a cuatro de sus consejeros de gobierno para evitar medidas desproporcionadas de privación preventiva de su libertad. Por su parte, Junqueras, líder en todas las encuestas, se encuentra actualmente bajo régimen de prisión preventiva y no se le ha permitido hacer campaña.

Puigdemont y Junqueras, están acusados de presuntos delitos de rebelión y de sedición -aunque no hubo alzamiento violento o armado por parte catalana- por los hechos políticos acaecidos entre el 6 de septiembre y el 27 de octubre, realizados en cumplimiento de su plan de gobierno en virtud de su mayoría absoluta parlamentaria. Entre estos hechos, se encuentra el referéndum de autodeterminación unilateral celebrado el 1 de octubre, en el que los catalanes dieron el ‘sí' al Estado independiente en forma de República con un 90% de los votos válidos emitidos y 2.044.038 de síes; más votos por la independencia que los de toda la oposición unionista parlamentaria combinada.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en un torpe intento por evitar su celebración, autorizó el uso de la fuerza de 10.000 agentes del orden venidos de fuera de Cataluña con el fin de incautar urnas y disuadir la participación a través del miedo. El resultado: 900 votantes heridos, shock psicosocial y mayor desafección de Cataluña hacia España en un operativo policial calificado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch como ‘excesivo y desproporcionado'.

Las órdenes de prisión preventiva dictadas contra Puigdemont, Junqueras y el resto de miembros del Gobierno catalán cesado por Rajoy, así como contra dos prominentes líderes independentistas de la sociedad civil, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, han causado gran controversia en la comunidad jurídica española y europea, y han sido también blanco de críticas de defensores de los derechos humanos por considerarlas desproporcionadas.

La dura posición de la fiscalía y de la judicatura española, contrasta con la adoptada por sus homólogos belgas que consideraron también desproporcionada la privación cautelar de libertad contra los políticos catalanes exiliados en Bélgica ante la orden de arresto europeo recibida de los tribunales españoles. Recientemente, el tribunal español que instruye la causa contra el Gobierno catalán cesado, retiró la orden de arresto europeo ante la alta posibilidad de que las autoridades judiciales de Bélgica denegaran la extradición por motivos procesales y/o penales.

Toda esta situación se entiende mejor desde la lógica del cálculo político en un contexto electoral. El pasado fin de semana durante un acto de campaña en la ciudad de Girona, la vicepresidenta del ejecutivo español, Soraya Sáez de Santamaría, responsable no-electa del Gobierno de Cataluña impuesta por el Gobierno español, lo explicó con meridiana claridad en un video que se hizo viral: Atribuía a su partido, el Partido Popular, al que las encuestas auguran en Cataluña un descenso del 8,5% al 5% de los votos (sí es correcto!), el capital político de haber ‘descabezado' a ERC y JxC en beneficio de los partidos unionistas, es decir, gracias a la judicialización de la arena de lo político y a la politización de la justicia.

Hoy, el futuro de Cataluña estará nuevamente en manos de los catalanes. ¿Si gana de nuevo el independentismo, estará el Gobierno de España dispuesto a respetar las consecuencias políticas de lo votado por los catalanes, o seguirá judicializando el diálogo político y tratando a los catalanes como ‘súbditos del Estado' en otra muestra de fracaso democrático?

Hoy, será una nueva oportunidad para trasmitir tres mensajes fundamentales: (i) el consenso constitucional en democracia sólo tiene sentido si existe un acuerdo real entre las partes constituyentes, (ii) la ley en democracia sólo tiene sentido cuando está al servicio del interés general determinado por las mayorías, no cuando se utiliza como un subterfugio de intransigencia permanente hacia las mayorías de las minorías nacionales, (iii) sin respeto y tolerancia a la diversidad no puede construirse jamás una democracia sólida.