Entre la búsqueda y la omisión: el caso Esteban De León Osorio y la herida abierta de la negligencia institucional

El 6 de noviembre de 2025, la esperanza de encontrar con vida a Esteban De León Osorio, un joven de 25 años desaparecido desde el 31 de octubre, se desvaneció por completo. Su cuerpo fue hallado sin vida, envuelto en plástico y tela, cerca de una iglesia en el sector de Las Paredes, corregimiento de la 24 de Diciembre. El hallazgo, hecho por un jardinero que alertó a las autoridades por el olor a descomposición, confirmó lo peor para su madre, quien llevaba días buscándolo sin descanso.

Esteban había sido visto por última vez saliendo de la casa de su abuela en La Morelo, Tocumen, conduciendo su vehículo Forting gris con placa E03025. Tres días después, ese mismo automóvil apareció totalmente calcinado en el área de Malengue, Pacora, a pocos kilómetros del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Desde el primer momento, los familiares y vecinos señalaron lo mismo: las autoridades no actuaron a tiempo.

“Yo lo vi anoche... pero siento que la Policía falló en este caso”, declaró su amigo Ilker Batista, quien participó en la búsqueda. “Si el carro estaba desde las 10 de la noche en el punto, tuvimos que buscar nosotros. La familia no durmió, se organizó, pero no hubo apoyo. ¿Cómo es posible que un iPhone tenga iCloud y no lo rastreen?”.

Mientras tanto, la madre de Esteban relató entre lágrimas a un canal local: “Mi hijo me llamó para decir que iba al súper. Después no contestó más. Le mandé mensajes de voz, lo regañé... y nunca me respondió”.

La Policía Nacional y el Ministerio Público ofrecieron declaraciones que, lejos de calmar la indignación, alimentaron la desconfianza.El director policial, Jaime Fernández, aseguró a TVN Noticias que “hay más de cinco personas identificadas que pudieron participar en el hecho”, y defendió la labor de sus unidades: “Desde los primeros reportes acompañamos a la familia y realizamos allanamientos para recolectar información”.

La Procuraduría General de la Nación, por su parte, difundió un comunicado donde insiste en que la búsqueda se activó inmediatamente tras la denuncia presentada el 1 de noviembre, y que la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas “realizó verificaciones, allanamientos y recorridos”. El documento incluso desmiente la necesidad de esperar 24 o 48 horas para reportar desapariciones.

Sin embargo, familiares y vecinos contradicen esa versión. “La comunidad fue más eficiente que las autoridades”, aseguró Eduardo Rodríguez, pariente de la madre del joven. Los testimonios apuntan a que los allegados comenzaron la búsqueda desde el viernes en la noche, antes de que se aceptara formalmente la denuncia. Esa diferencia de tiempos —un vacío de horas cruciales— se ha convertido en el eje de la denuncia pública por negligencia y falta de acción estatal.

La escena del levantamiento fue un retrato del duelo: los gritos de la madre, los rostros de vecinos que acompañaron la búsqueda, el silencio impotente frente al cordón policial.

“Sabemos que nada le devolverá su hijo a la profesora Yesenia”, dijo Helen Rodríguez, vecina de la familia. “Pero vivimos mucha inseguridad en este lado de Panamá. Nadie se siente protegido”.

En Tocumen y sus alrededores, las desapariciones recientes han dejado cicatrices profundas. No es la primera vez que los residentes denuncian falta de reacción policial ante reportes de extravío. Para ellos, el caso de Esteban no solo es una tragedia personal, sino un espejo del abandono institucional.

El criminólogo y perito forense Marcos Aurelio Álvarez Pérez explicó a La Estrella de Panamá que el hallazgo del cuerpo envuelto en materiales sintéticos y la quema del vehículo apuntan a un homicidio de fuerte carga emocional, no a un crimen fortuito o de delincuencia común.

“En este tipo de casos, la violencia no es aleatoria: es dirigida y emocional. Quien hizo esto conocía muy bien a la víctima”, sostiene Álvarez.

Según su hipótesis preliminar, el envolvimiento total del cadáver podría corresponder a un mecanismo de asfixia por sofocación, lo que indica contacto directo y prolongado entre agresor y víctima. “El método es cercano, no distante como un disparo. Implica tiempo, control y conocimiento previo”, explicó.

El experto añade que la quema del vehículo cumple una doble función: destruir evidencia biológica o digital y enviar un mensaje simbólico. “Quemar el automóvil puede significar borrar la identidad pública de la víctima. Es una firma emocional: ‘te quito la vida y lo que te representa’”, concluye.

Álvarez descarta que se trate de un crimen ligado al narcotráfico o robo común, ya que en esos casos la violencia suele ser impersonal y no se manipula el cuerpo de manera tan meticulosa.

La representante de Tocumen, Arielis Barría, también reaccionó ante el crimen y la desconfianza ciudadana. En entrevista con La Estrella de Panamá sostuvo que el caso “refleja una crisis” institucional:

“El panameño de a pie no confía en aquellos que deben protegernos y cuidarnos. Ya el uniforme no representa respeto para los amigos de lo ajeno y eso ha hecho que aumenten los índices de criminalidad, robos y secuestros. Esto no viene de ahora, lleva pasando mucho tiempo.”

Barría explicó que en su gestión ha apostado por la prevención social como vía para contener la violencia:

“Tengo el corregimiento más grande del país, con una población muy joven, y por eso impulsamos programas deportivos, culturales y educativos. Una mente ocupada no anda pensando en el ocio.”

La representante fue enfática al exigir mayor responsabilidad institucional: “Este país va a cambiar cuando un Ministerio Público o la Policía no tiren comunicados justificándose de su poca participación o falta de rapidez cuando alguien se desaparece”, concluyó

El diputado del circuito de Tocumen, Betserai Richards, afirmó a este medio que “hubo serias fallas en la búsqueda oportuna del joven Esteban Osorio” y pidió explicaciones al Gobierno:

“La Policía debió actuar con la misma celeridad con que actuaría si se tratara del hijo de un ministro. La vida de todos los ciudadanos tiene el mismo valor”.

Richards subrayó que la Asamblea Nacional tiene la obligación de fiscalizar el uso de recursos en seguridad. “Tenemos un Ministerio de Seguridad que destina millones a represión y no a prevención. Es momento de replantear esa estrategia y reforzar los mecanismos de búsqueda inmediata”, dijo.

El diputado anunció además que impulsará un proyecto para garantizar escuelas nocturnas y programas de prevención comunitaria en barrios vulnerables: “Es a través de la capacitación y de la educación que podemos evitar que en los barrios, nuestros jóvenes vean las armas como herramientas de trabajo”.

El Informe Estadístico de Víctimas de Homicidios del Ministerio Público hasta septiembre de 2025 muestra un panorama inquietante: 438 homicidios a nivel nacional, una leve disminución de 4% frente a 2024, pero con un aumento del 12% en la provincia de Panamá, donde ocurrió el caso de Esteban. De esas muertes, el 89.5% fueron causadas con armas de fuego y el 55% de las víctimas tenían entre 18 y 34 años, es decir, jóvenes como él. Solo en septiembre se registraron 60 homicidios, el mes más violento del año.

La concentración geográfica es abrumadora: Panamá, San Miguelito y Colón acumulan el 80% de los casos, una estadística que refleja el deterioro de la seguridad en zonas urbanas y periféricas.

Más allá del crimen en sí, lo que duele —dicen quienes conocieron a Esteban— es la sensación de desprotección. Durante días, la familia recorrió barrios, revisó cámaras de comercios, pidió ayuda en redes sociales. Mientras tanto, los procedimientos institucionales se movían con la lentitud de los formularios y los protocolos.

El Ministerio Público asegura que activó de inmediato la búsqueda; la Policía Nacional, que ya hay cinco sospechosos identificados. Pero para la madre y los amigos, esas explicaciones llegaron tarde.