Caso Ueno Bank: Empleados panameños en el Grupo Vásquez, revela Ministerio de Trabajo de Paraguay

La ministra mencionó que recibió comunicaciones de trabajadores de Panamá, Nicaragua, Argentina y México, quienes prestaban servicios a la empresa Itti y recibían sus salarios desde Paraguay.

Trabajadores de Panamá figuran entre los afectados por la crisis de las empresas vinculadas a Ueno Bank en Paraguay, que ha impactado a unos 7,000 empleados directos, tanto en ese país como en el extranjero, informó la ministra de Trabajo paraguaya, Mónica Recalde, a la emisora Universo 970 AM.

En una entrevista, Recalde explicó que el impacto de la situación se extiende a varios países, debido a que empresas vinculadas al grupo empresarial ofrecían servicios tecnológicos y de soporte informático desde Paraguay, pero contaban con trabajadores en otros mercados.

La ministra mencionó que recibió comunicaciones de trabajadores de Panamá, Nicaragua, Argentina y México, quienes prestaban servicios a la empresa Itti y recibían sus salarios desde Paraguay.

Itti es una empresa paraguaya de tecnología fundada en 2004, perteneciente al Grupo Vázquez, dedicada al desarrollo de software y soluciones digitales para el sector financiero y corporativo.

Recalde aclaró que estos empleados están sujetos a las legislaciones laborales de sus respectivos países, aunque mantenían una relación de trabajo vinculada a la estructura empresarial paraguaya.

La ministra indicó, a Universo 970 AM, que el cálculo actualizado del Gobierno paraguayo es de aproximadamente 7,000 trabajadores afectados por la crisis, incluyendo empleados del banco, empresas vinculadas y corresponsalías no bancarias.

De ese total, alrededor de 6,000 corresponden a trabajadores relacionados con el banco y las empresas que operaban en Paraguay, mientras que el resto está vinculado a operaciones internacionales.

La funcionaria explicó que se trata de una estructura empresarial compleja, integrada por cerca de 40 compañías que prestaban diferentes servicios a Ueno Bank.

Según Recalde, algunos empleados tenían contratos con una empresa, pero en la práctica realizaban funciones para otra compañía del mismo entramado empresarial o directamente para el banco.

La ministra señaló que algunos trabajadores incluso utilizaban uniformes, correos electrónicos y herramientas de la entidad bancaria, aunque formalmente estaban contratados por terceros.

Entre las primeras medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo paraguayo está la eliminación de la restricción contractual que impedía a los empleados prestar servicios para otras empresas.

Recalde explicó que varias compañías mantenían cláusulas de exclusividad que prohibían a sus trabajadores emplearse en otra empresa, incluso hasta seis meses después de terminar su relación laboral.

El Ministerio emitió un dictamen que libera a los trabajadores de esa obligación y les permite buscar otras oportunidades laborales o desempeñarse de manera independiente, aunque todavía figuren en las nóminas de las empresas.

La ministra justificó la decisión en el derecho al trabajo y en la falta de ocupación efectiva, debido a que muchas de estas compañías dejaron de operar y sus empleados no estaban recibiendo funciones.

El dictamen fue entregado a representantes de 37 empresas vinculadas al grupo.

Recalde también informó que el Ministerio de Trabajo solicitó al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social evaluar medidas excepcionales para proteger la atención médica de los trabajadores afectados.

La preocupación incluye a mujeres embarazadas y personas que requieren tratamientos médicos, debido a la incertidumbre sobre la continuidad de sus aportes al sistema de seguridad social.

La ministra indicó que el último pago de las obligaciones patronales registrado por las empresas correspondía a septiembre y que el Gobierno busca coordinar mecanismos para evitar que los empleados pierdan el acceso a los servicios médicos.

Además, señaló que se mantienen mesas de trabajo para revisar la situación jurídica de cada trabajador y determinar las condiciones para el pago de sus liquidaciones.

Sobre la posibilidad de que el Estado ayude a mantener operativas algunas de las empresas vinculadas, Recalde indicó que el Gobierno analiza el tema, pero advirtió que primero debe comprender cómo funcionaba el modelo de negocios y cuáles son las condiciones legales de cada compañía.

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