Defensa de Peña pide cerrar el juicio político tras su renuncia: ‘El proceso carece de viabilidad jurídica’

El abogado Adolfo Ferreiro pidió este viernes al Congreso de Paraguay que acepte la renuncia de Santiago Peña a la Presidencia y ponga fin al juicio político en su contra. Ante el Senado, sostuvo que el proceso carece de viabilidad jurídica, política e institucional desde que el mandatario presentó su dimisión.

La renuncia “no puede sino ser aceptada”, insistió Ferreiro durante su intervención. Según la defensa, una vez aceptada la dimisión, Peña perdería las prerrogativas del cargo y quedaría a disposición de la Fiscalía y de la justicia ordinaria. El abogado también afirmó que la defensa recurriría a instancias internacionales si el Senado adoptaba decisiones que considerara arbitrarias.

Al momento de la intervención, el Congreso aún tenía pendiente resolver la renuncia. La sesión bicameral convocada para tratarla quedó sin cuórum y el Senado retomó el juicio político, abierto tras la aprobación unánime del libelo acusatorio en la Cámara de Diputados. El proceso se inició en medio del escándalo por la caída de Ueno Bank, entidad vinculada a antiguos socios comerciales de Peña.

Ferreiro cuestionó que el juicio continuara con el propósito de impedir que Peña accediera a una senaduría vitalicia. El artículo 189 de la Constitución paraguaya otorga esa condición a los expresidentes elegidos democráticamente, salvo a quienes hayan sido declarados culpables en un juicio político. Los senadores vitalicios tienen voz en la Cámara, carecen de voto y quedan fuera del cómputo del cuórum.

El artículo 225 establece que el Senado puede declarar culpable a una autoridad sometida a juicio político por mayoría de dos tercios, con el efecto de separarla del cargo. En caso de presuntos delitos, los antecedentes deben remitirse a la justicia ordinaria.

Ferreiro compareció junto al abogado Ricardo Preda después de que el Senado rechazara la prórroga de 72 horas que Peña había solicitado para preparar su defensa. Ferreiro ya había representado al expresidente Fernando Lugo en el juicio político que culminó con su destitución en 2012.