Maduro y Flores se declaran no culpables, mientras el mundo reclama por un gobierno democrático en Venezuela

El helicóptero descendió con un ruido seco sobre Manhattan y, por un instante, el estruendo mecánico pareció absorber el peso de una historia que llevaba años gestándose. Desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nicolás Maduro fue trasladado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York la mañana del 5 de enero de 2026. Bajó del helicóptero encorvado, con una leve cojera visible, vestido con un conjunto caquí y zapatillas naranjas. A su lado, su esposa, Cilia Flores, con el mismo atuendo en tonos beige y zapatillas negras. No hubo gestos grandilocuentes. Solo un descenso contenido, vigilado por agentes federales, cámaras y un perímetro blindado.

Dentro del edificio judicial, la escena que mostraban las distintas imágenes era de seguridad total: una docena de agentes de la DEA en la sala 26A, pasillos copados por fuerzas federales, unidades caninas, helicópteros sobrevolando el área y una muchedumbre protestando a las afueras. El juicio apenas comenzaba, pero el mensaje era inequívoco: el caso no era uno más.

En la audiencia, se leyeron los derechos de ambos acusados y, acto seguido, los cuatro cargos que enfrenta Maduro: conspiración de narcoterrorismo; conspiración para importar cocaína; posesión de ametralladoras y artefactos destructivos; y conspiración para poseer ese tipo de armas. Las penas potenciales van desde décadas de prisión hasta cadena perpetua.

Mientras escuchaba, Maduro inclinó la cabeza, apoyó los brazos en los descansabrazos de la silla y juntó las manos en una postura que, para algunos presentes, evocó una breve oración, según detalló Telemundo. Usó audífonos para seguir la traducción simultánea.

A eso de las 12:14 p.m., cuando llegó el momento de hablar, se identificó con voz firme y se declaró inocente: “Yo soy Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y fui capturado en mi casa. Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente”, exclamó.

Minutos después, Flores hizo lo propio, reiterando su rol como primera dama legítima y rechazando las acusaciones.

El juez a cargo, Alvin Hellerstein, de 92 años, condujo la audiencia con la sobriedad de quien ha visto pasar algunos de los procesos más complejos del sistema judicial estadounidense, entre ellos las demandas vinculadas al atentado del 11 de septiembre, el proceso contra Harvey Weinstein y causas por narcotráfico que incluyen al exgeneral venezolano Hugo “Pollo” Carvajal.

El fiscal Jay Clayton, con amplia experiencia en narcotráfico y delitos con armas, encabezó la acusación. La defensa quedó en manos de Barry Pollack para Maduro y Mark Donnelly para Flores.

Antes de retirarse, la pareja solicitó atención médica y una visita consular. A las 12:34 p.m., Maduro abandonó la sala. La próxima audiencia quedó fijada para el 17 de marzo, a las 11:00 a.m.

Mientras Manhattan era ruido, helicópteros y consignas, Caracas amanecía contenida. El 5 de enero, en el salón del Tríptico del Palacio Federal Legislativo, Delcy Rodríguez juramentó como presidenta interina, coincidiendo con la instalación de un nuevo período legislativo. El acto estuvo a cargo del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez Gómez, quien tomó juramento “en nombre del pueblo venezolano”.

Rodríguez prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución, resguardar la soberanía territorial y trabajar por la estabilidad política, económica y social. En su discurso, insistió en que acudía al Parlamento “como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional”, en un contexto que calificó de doloroso. Denunció el “secuestro” de Maduro y Flores y afirmó que asumía el encargo en nombre del sufrimiento del país.

Fuera del recinto, algunos simpatizantes del chavismo comenzaron a concentrarse. No eran multitudes. En el resto de la ciudad, predominaba una calma cautelosa. La oposición, golpeada por una ola de represión tras las elecciones pasadas —con miles de arrestos—, optaba por el silencio. Aún pesaba el recuerdo de personas detenidas por simples mensajes en redes sociales. La ciudad, que el día anterior parecía un cementerio, empezaba lentamente a reactivarse bajo un visible despliegue policial y militar.

En paralelo, en Washington, Pete Hegseth y Marco Rubio comparecieron ante el Congreso para explicar la operación del 3 de enero que culminó con la captura de Maduro en su residencia en Caracas. La llamada “Operación Resolución Absoluta” generó fricciones: legisladores cuestionaron que el presidente Donald Trump actuara sin consultar al Congreso, lo que, a su juicio, roza límites constitucionales.

Desde el Air Force One, el mandatario republicano fue escueto y provocador: dijo que Estados Unidos estaba “al mando” y que la situación “iba muy bien”, dejando claro que existía preparación para una segunda fase, aunque no la consideraba necesaria por ahora.

Rubio, por su parte, matizó. Aseguró que Washington no está en guerra con Venezuela, sino contra las organizaciones de narcotráfico que operan en su territorio. Señaló que su país está dispuesto a trabajar con las autoridades que permanezcan en el poder si “toman las decisiones correctas”, y expresó respaldo a la líder opositora María Corina Machado. Subrayó, sin embargo, que la prioridad inmediata es la seguridad y los intereses estadounidenses.

Frente a la Corte de Manhattan, Hernán Mejía, uno de los manifestantes venezolanos, resumió el sentimiento de una diáspora marcada por el desarraigo. Dijo que no estaba allí por un hombre, sino por un país. Habló de hambre, miseria, salarios pulverizados y de profesionales obligados a marcharse para sobrevivir. Su voz, entre consignas y banderas, contrastaba con la solemnidad del tribunal.

La acusación no se limita a Maduro y Flores. Incluye a figuras clave del poder venezolano y a actores del crimen organizado, en un expediente de 25 páginas que, según analistas legales, detalla años de investigación, flujos financieros, armas, sobornos y redes internacionales.

Entre ellos se encuentran Nicolás “Nicolasito” Maduro Guerra, hijo del líder del régimen chavista y miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela; Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacón, ministros de Interior, Justicia y Paz; y Héctor Rusthendorf Guerrero Flores, líder del Tren de Aragua.

Así, entre Brooklyn y Caracas, entre audiencias y juramentaciones, Venezuela quedó suspendida en una imagen doble: un expresidente sentado ante un juez federal y una capital que aprende, una vez más, a callar para sobrevivir. El juicio apenas comienza, pero ya ha marcado un antes y un después. No solo para los acusados, sino para un país que observa, con cautela y memoria, cómo su historia reciente se juega ahora en una sala de Manhattan.