Trump otorga indulto a mercenarios implicados en masacre de civiles en Irak

Indignación y rabia, es lo que se vive en Bagdad luego de conocerse del perdón dado por la Casa Blanca a los soldados estadounidenses que perpetraron una masacre de civiles y que ya habían sido condenados por dichos crímenes.

El saliente presidente Donald Trump concedió este martes indulto o conmutación de pena para unas 26 personas, que incluiría entre ellos a cercanos colaboradores del mandatario, condenados algunos por casos de corrupción, manipulación de testigos, mentir bajo juramento o evasión de impuestos. Entre los beneficiados estarían su exjefe de campaña Paul Manafort, y el suegro de su hija Ivanka Trump, el empresario Charles Kushner.

Dentro de ese paquete de perdones se encontrarían miembros de la empresa militar privada Blackwater, que estuvieron implicados en el asesinato de 14 civiles en 2007, una decisión que arroja un manto de impunidad sobre delitos de lesa humanidad cometidos por fuerzas estadounidense en el extranjero.

“Esta decisión no tomó en cuenta la gravedad del crimen cometido y fue inconsistente con el compromiso declarado de la administración estadounidense con los valores de los derechos humanos, la justicia y el estado de derecho (...) ignora la dignidad de las víctimas y los sentimientos y derechos de sus familiares”, denunció la cancillería iraquí en un comunicado de acuerdo con la agencia EFE.

La masacre tuvo lugar en la plaza Nisour de la capital iraquí, el 26 de septiembre de 2007, cuando miembros de Blackwater escoltaban al convoy de la embajada estadounidense, allí dispararon a un grupo de personas, lo que terminó con la muerte de los 14 civiles y más de una veintena de heridos.

Por esos crímenes, los cuatro contratistas fueron procesados en Estados Unidos, recibiendo tres de ellos sentencia de 30 años de cárcel y uno cadena perpetua.

La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, criticó la decisión de Washington, considerando que esta “contribuye a la impunidad y tiene el efecto de alentar a otros a cometer tales crímenes en el futuro”.

En términos parecidos se pronunció el general estadounidense retirado Mark Hertling en Twitter, quien estuvo desplegado en Irak. “Este fue un crimen de guerra cobarde que resultó en la muerte de civiles iraquíes. ¡Qué vergüenza, señor presidente!”, dijo el exmilitar.

Estados Unidos invadió Irak en el año 2003 con la excusa de acabar con las supuestas armas de destrucción masiva (ADM) que mantenía el régimen de Sadamm Hussein, un antiguo aliado de Washington en la región.

Años después se comprobó que la intervención estuvo basada en información falsa, nunca hubo ADM y desde entonces el país árabe se encuentra en el caos, lo que propició luego el surgimiento del Estado islámico.

La empresa Blackwater, que cambió su nombre corporativo a Academi tras los escándalos ligados a violaciones a los derechos humanos, es uno de los principales contratistas militares del Gobierno estadounidense, desplegando alrededor de 30,000 unidades a lo largo del conflicto iraquí.

Ante la reiteradas denuncias de crímenes cometidos, tanto por tropas como contratistas estadounidenses, la Corte Penal Internacional (CPI) inició una investigación para determinar los posibles delitos cometidos por estos en el extranjero; una iniciativa que fue respondida por la Casa Blanca con sanciones desde contra los jueces internacionales.

Las preocupaciones de Estados Unidos estarían ligadas a las denuncias de participación de militares y miembros de la CIA en emplear tortura y maltrato a prisioneros en campos secretos de detención. Una situación discutida en la esfera pública desde 2003, cuando la prensa estadounidense publicara imágenes y documentos de abusos en la cárcel de Abu Ghraib (Irak), que registraban a soldados ultrajando a detenidos, además de exponerlos a violencia física, agresiones psicológicas y abusos sexuales. Hechos que quedaron en evidencia luego de la revelación de más de 90 mil archivos secretos en 2010 por parte de la organización Wikileaks.

Si bien Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI, que ahora investiga posibles crímenes en Afganistán, este país sí es parte del Estatuto de Roma –que rige la Corte–, lo que en opinión de la institución judicial le faculta para procesar a los acusados independientemente de su nacionalidad y en virtud de que se estaría ante crímenes de lesa humanidad.