Caso Lili Pink: primer capturado había sido elegido para administrar bienes del Estado en Colombia

Según información divulgada por Noticias Caracol, Walter Francisco Martínez Martínez es, hasta ahora, el primer y único capturado dentro del caso Lili Pink, una investigación que involucra a la reconocida marca colombiana en un presunto esquema de lavado de activos y contrabando.

Martínez fue detenido el 26 de abril en Barranquilla y compareció el pasado 5 de mayo en una audiencia en la que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en su contra. La diligencia llamó la atención porque el señalado apareció desde la cama de un hospital para responder ante la justicia.

La Fiscalía General de la Nación sostiene que detrás del caso habría una red empresarial vinculada a importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. De acuerdo con la investigación, las tiendas de Lili Pink, propiedad de Fast Moda S.A.S., habrían sido utilizadas como fachada para dar apariencia de legalidad al ingreso irregular de mercancía.

Pese al alcance del expediente, Noticias Caracol reportó que Martínez es la única persona capturada hasta el momento.

Walter Francisco Martínez es abogado de profesión. Uno de los datos más llamativos revelados por Noticias Caracol es que, apenas dos días antes de su captura, había sido incluido en un listado de candidatos elegibles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para administrar bienes del Estado como representante legal.

La información quedó consignada en un acta de la entidad, según el reporte periodístico.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó los delitos de presunto concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando. Martínez no aceptó los cargos.

Además, fuentes judiciales citadas por Noticias Caracol indicaron que el abogado registra anotaciones por favorecimiento de contrabando.

Mientras avanza el proceso, el abogado de Fast Moda S.A.S. ha defendido la actuación de la compañía. Según la versión recogida por Noticias Caracol, las actuaciones administrativas están siendo controvertidas ante la jurisdicción competente y la empresa sostiene que sus mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados.

El caso mantiene bajo la lupa a una de las marcas más conocidas del comercio colombiano y abre nuevas preguntas sobre el papel de sociedades, importadoras y estructuras empresariales en presuntas operaciones ilícitas.