Las dos caras de la Unión Europea

“La confianza que ha costado años construir, pero solo momentos destruir, tendrá que ser reconstruida. Y este trabajo empieza ahora”, afirmó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tras el escándalo que ocasionó el descubrimiento del 'Qatargate', el pasado 15 de diciembre.

La supuesta trama, ligada a Qatar, que dio como resultado la detención de la vicepresidenta de este organismo internacional Eva Kaili y otras tres personas, imputadas por corrupción, apunta a la influencia de un 'país del golfo' en las políticas del Parlamento Europeo.

“Desde hace varios meses, los investigadores de la policía judicial federal sospechan que un país del golfo influye en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo, y lo hace mediante sumas considerables de dinero u ofreciendo importantes regalos a personas con una posición política y/o estratégica significativa en el seno de la Eurocámara”, detalló un comunicado de la Fiscalía federal belga.

Entre los arrestados se encuentra el diputado Pier Panzeri, quien presidía la asociación 'Fight Impunity', grupo dedicado a combatir la impunidad de las violaciones a los derechos humanos o crímenes contra la humanidad.

Aunque el caso sigue abierto y todavía es muy temprano para determinar la magnitud de sus consecuencias en la eurozona, el abogado y exviceministro Adolfo Linares señaló a este medio que esta situación le “quita credibilidad” a los organismos europeos, al momento de hablar de transparencia.

Un punto de vista que no es compartido por el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, quien en entrevista con 'La Decana' mencionó que estos elementos no “desvalorizan” la autoridad que poseen los organismos europeos.

“Más allá de cuestionar a la persona de turno, está el papel de las instituciones. Sería sumamente conformista pretender que la situación de las autoridades va a hacer que las instituciones (europeas) sufran algún tipo de desvalor”, dijo.

Araúz ve en el funcionamiento de  las instituciones europeas “mayor eficacia” y detalla que  las instituciones panameñas están “por debajo” del estándar que rige en Europa.

Sobre este tema, Darío Herrera, presidente del comité organizador del Congreso hemisférico para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas masivas y vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad de Capital Bank, considera que la “única” diferencia entre Panamá y Europa es que allá hay “certeza del castigo”.

Aunque  Metsola anunció una “amplia reforma” de los mecanismos de control que rigen a lo interno del organismo que preside, no es la primera vez que se arrojan cuestionamientos sobre este ente.

En 2007 el Parlamento Europeo compartió un informe sobre los lobbies que buscaban “influir en las decisiones políticas que se toman en la Unión Europea”.

En el documento, que se encuentra disponible en el sitio web de la entidad, se explica que para ese año había entre “15.000 y 20.000 lobbistas”, que trabajaban para unos “2.500 grupos de presión o lobbies”.

Personas que, en su momento, fueron defendidas´por el entonces parlamentarista alemán Alexander Stubb, quien dijo en el documento que “los lobbies son parte esencial del trabajo de los eurodiputados; la labor legislativa sería muy pobre sin su contribución”.

Actualmente, el Parlamento tiene 12.427 lobbistas inscritos en el Registro de Transparencia obligatorio de la UE, una base de datos pública, que recopila a los representantes que participan de diversos intereses que buscan influir en la formulación o aplicación de políticas dentro de la UE.

En esta lista: 8.225 “promueven sus propios intereses o los interesas colectivos de sus miembros”; 3.503 “no representan intereses comerciales” y 675 “fomentan los intereses de sus clientes”.

Otro elemento señalado en la lista, tras el escándalo de 'Qatargate', es el renglón de “entidades, oficinas o redes establecidas por terceros países”, que plantea la influencia que poseen naciones extranjeras sobre la eurocámara.

Los 'grupos de amigos'' son agrupaciones 'no oficiales' que forman los diputados de la UE, para discutir las relaciones con países no pertenecientes a la Unión Europea, según el sitio web del Parlamento Europeo.

Grupos que son cuestionados, tras lo ocurrido en el 'Qatargate', y que llevó al eurodiputado José Ramón Bauzá a disolver el 'grupo de Amigos de Qatar en la Unión Europea' compuesto por 13 parlamentarios.

“Jamás he recibido ni siquiera me han ofrecido ni un solo euro por defender absolutamente nada”, dijo Bauzá en cuenta de Twitter. Afirmación que es puesta en duda por los datos existentes en el portal de transparencia del Parlamento Europeo.

Qatar Airways, aerolínea estatal catarí, le pagó un viaje a Catar en clase business y la estancia durante dos noches, en el Sheraton Grand Doha Resort, hotel cinco estrellas, en 2020.

La visita más reciente de Bauzá a territorio catarí fue el pasado 5 de diciembre, cuando se reunió con el ministro de Exteriores de Catar, sultán bin Saad Al Muraiji, según datos publicados en la web del Gobierno de Catar, que plantean que el diputado asistió a actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol.

La presión que ejercen los lobbies fue cuestionada por la legisladora Sira Rego. “El caso de los lobbies es una muestra de esa falta de control: en el Parlamento Europeo hay registrados 12.447 lobbistas y es 'legal' que te presionen para 'convencerte' de que cambies el sentido de tu voto”, manifestó en su cuenta de Twitter.

“Claro, si la relación se basa en una cuestión de mera discusión política, no debería ser un problema”, detalló, explicando que el “problema surge cuando una buena parte de esos lobbies operan con intereses económicos particulares y se normaliza su vínculo con una institución pública”.

Como ejemplo de esto puso un debate ocurrido a mediados de 2022, en el cual se planteaba si catalogar la energía nuclear y el gas como 'energías verdes'. “Los lobbies de los combustibles fósiles tenían barra libre para entrar al Parlamento, pero los activistas por el clima tenían vetada la entrada”, explicó. Esta situación, a criterio de la eurodiputada, influyó en que ambas energías si fueran catalogadas como 'verdes', con un Parlamento dividido.

La problemática fue abordada en julio de este año por la defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, quien mediante una carta abierta, publicada en Social Europe, dijo que era “necesario un cambio de cultura en la cúpula de la Unión Europea”, tras el escándalo que ocasionó los 'Uber Files', una investigación desarrollada por The Guardian y el International Consortium of Investigative Journalists, que reveló cómo la compañía de transporte utilizó sus influencias para presionar a los diputados de la Eurocámara para que legislaran a su favor.

Datos compartidos por la Fundación Ciudadana Civio platean que en 2021, 346 de los 705 miembros del Parlamento Europeo no dieron cuenta de las reuniones que tienen con los lobbies.

Estos casos han generado dudas sobre la importancia que tiene el cumplimiento de los requisitos en materia de transparencia y corrupción, que plantea la Unión Europea para salir de sus listas negras.

“Las listas se utilizan como una medida coercitiva geopolíticamente a los países como Panamá. Mantener a Panamá en esa lista le impide a nuestro país su desarrollo socioeconómico”, dijo Darío Herrera, quien considera que se deben tomar las medidas necesarias para salir de las listas.

“Panamá debe salir de esas listas grises, el gobierno tiene que hacer lo necesario para salir”, dijo el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, Rolando Gordón, a este medio.

Una óptica que no comparte Adolfo Linares. “Esas listas no tienen ninguna repercusión en la medida en que las ignoremos y seamos recíprocos”, aseguró.

Para el abogado Juan Carlos Araúz, no se pueden descalificar estas listas, porque, a su criterio, Panamá es responsable de estar en ellas. “El Estado panameño prometió cosas que no se ejecutaron en el tiempo”, algo que terminó por mermar la “credibilidad” de Panamá.