Estados Unidos admite que perdió el rastro de 137 venezolanos deportados sin juicio bajo Trump

El Gobierno de Estados Unidos reconoció que desconoce el destino de 137 migrantes venezolanos expulsados en 2025, una admisión que reaviva el debate sobre deportaciones, derechos humanos, migración irregular y política exterior bajo la administración de Donald Trump. Así lo dejó constar el secretario de Estado, Marco Rubio, en un escrito judicial presentado esta semana.

Según el documento, Washington no puede precisar si los venezolanos continúan en su país, si abandonaron el territorio o si fueron nuevamente detenidos por las autoridades locales. Rubio sostuvo que, debido al tiempo transcurrido y a las condiciones en Venezuela, el Ejecutivo estadounidense carece de mecanismos para verificar su situación actual.

El pronunciamiento surge como respuesta a una orden judicial emitida en diciembre, mediante la cual un juez federal exigió al Gobierno explorar vías para garantizar el debido proceso a los afectados. Sin embargo, Rubio alegó que cualquier intento de organizar audiencias —ya sea repatriándolos a Estados Unidos o mediante comparecencias virtuales— podría interferir seriamente con los intereses diplomáticos de Washington en Venezuela.

Las declaraciones se producen en un contexto de endurecimiento de la política migratoria estadounidense, caracterizado por operativos federales intensivos en varias ciudades y por el uso de herramientas legales excepcionales para acelerar expulsiones. A ello se suma la afirmación pública de Trump de que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de este mes.

En su fallo, el juez federal James Boasberg concluyó que los 137 venezolanos fueron expulsados sin garantías constitucionales básicas, al no recibir información clara ni la oportunidad real de impugnar su deportación. El magistrado ordenó que se les conceda una vía efectiva para cuestionar la base legal de su expulsión.

De acuerdo con la versión oficial, los migrantes fueron señalados como presuntos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua y trasladados a centros de detención en El Salvador, amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de carácter extraordinario concebida para contextos de guerra y que permite expulsiones expeditas.

Rubio indicó que, en julio, El Salvador liberó a 252 ciudadanos venezolanos —incluidos los 137 del caso— como parte de un canje diplomático que permitió la excarcelación de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela. Este intercambio había sido reportado previamente por medios internacionales.

La decisión de Trump de activar la Ley de Enemigos Extranjeros desató una ola de demandas, entre ellas el caso J.G.G. contra Trump, impulsado por organizaciones civiles que cuestionaron su constitucionalidad. Aunque la Corte Suprema autorizó su aplicación, también estableció que el Gobierno debe notificar con antelación suficiente a los migrantes para que puedan presentar recursos legales antes de ser expulsados.