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Estados Unidos ejecuta su octavo ataque extrajudicial contra presuntos narcos en alta mar

- 22/10/2025 12:54
La campaña militar de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico sumó este martes un nuevo episodio con un ataque extrajudicial en el océano Pacífico, el primero fuera del mar Caribe desde el inicio de la ofensiva.
El hecho, revelado por la cadena CBS News citando a fuentes oficiales anónimas, habría dejado dos o tres tripulantes muertos, lo que eleva a al menos 34 las víctimas fatales de las ocho operaciones realizadas desde septiembre.
El Gobierno estadounidense aún no ha emitido una confirmación formal. En anteriores incidentes, el propio presidente Donald Trump o el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han sido quienes comunicaron públicamente los resultados de los ataques.
Según el reporte de la CBS, los militares estadounidenses interceptaron una embarcación civil sospechosa de transportar droga en aguas internacionales del Pacífico. El operativo fue ejecutado bajo órdenes directas del Pentágono y se enmarca en la estrategia que la administración Trump califica como un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga.
El nuevo bombardeo se produce apenas dos días después de que el secretario de Defensa Pete Hegseth confirmara el séptimo ataque de la campaña, ocurrido el domingo en el Caribe.
En ese caso, el objetivo fue una embarcación que, según Washington, mantenía vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera colombiana clasificada como grupo terrorista por Estados Unidos desde los años noventa.
A través de una publicación en X (antes Twitter), Hegseth aseguró que la lancha “navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”, y que la acción dejó tres muertos. El funcionario añadió que la operación se realizó en aguas internacionales, dentro del área de responsabilidad del Comando Sur, que abarca el Caribe y parte del continente americano.
En las últimas semanas, el Comando Sur ha desplegado una flota sin precedentes: alrededor de diez buques de guerra, incluido un submarino nuclear, y más de 10.000 efectivos militares. El Pentágono sostiene que el despliegue busca “neutralizar amenazas vinculadas al narcotráfico transnacional”.
Desde septiembre, el presidente Trump ha ordenado personalmente una serie de operaciones letales contra objetivos que, según la Casa Blanca, participan en el tráfico internacional de drogas.
La administración justifica estas acciones bajo el argumento de que los cárteles son “enemigos armados” responsables de la muerte de decenas de miles de estadounidenses por sobredosis cada año.
Para sostener su ofensiva, Trump ha invocado una ley de emergencia nacional de la década de 1970, que otorga al presidente facultades militares durante 60 días prorrogables por 30 más. El plazo inicial expira a comienzos de noviembre, aunque la Casa Blanca ya evalúa su extensión.
Sin embargo, senadores de ambos partidos han criticado la falta de transparencia y la ausencia de control judicial sobre estas operaciones. Alegan que Estados Unidos no está en guerra con otro Estado soberano, y que los ataques extrajudiciales violan principios básicos del Derecho Internacional Humanitario.
Durante el fin de semana, el propio Trump confirmó el sexto operativo, dirigido contra una embarcación semisumergible detectada en el Caribe a principios de octubre.
El ejército estadounidense mató entonces a dos civiles, mientras que otros dos sobrevivientes —un colombiano y un ecuatoriano— fueron repatriados. La Fiscalía de Ecuador determinó que no existían pruebas suficientes para imputar delitos al ciudadano ecuatoriano, quien fue liberado días después.
Diversas organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional han denunciado que estas acciones constituyen ejecuciones extrajudiciales y vulneran las convenciones internacionales sobre el uso de la fuerza. No obstante, la administración Trump sostiene que se trata de “operaciones de defensa preventiva” para proteger la seguridad nacional estadounidense.
La ofensiva marítima contra el narcotráfico marca un giro radical en la estrategia antidrogas de Washington, que durante décadas se basó en la cooperación con países de la región.
El hecho de que los ataques sean ordenados sin el consentimiento de gobiernos latinoamericanos ha generado preocupación en varias capitales, especialmente en Bogotá, Quito y Caracas, donde los incidentes han involucrado embarcaciones con tripulantes de esas nacionalidades.
Hasta el momento, ni el Congreso de Estados Unidos ni organismos internacionales como la ONU han podido verificar los detalles de los ocho operativos.
La creciente opacidad de la campaña militar y la ausencia de una política diplomática clara anticipan un nuevo capítulo de tensiones regionales con América Latina, en medio de las críticas a una “guerra unilateral” contra un enemigo difuso.