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- 21/05/2026 15:02
Nueve entidades internacionales solicitan al fiscal Gabriel García Luna detener la persecución judicial y permitir el retorno de periodistas exiliados
Un bloque de nueve organizaciones internacionales y regionales defensoras de la libertad de prensa envió un duro emplazamiento al nuevo fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel García Luna. En una misiva conjunta, las entidades exigieron un cambio inmediato y verificable para frenar la estrategia de persecución y criminalización judicial aplicada contra los periodistas independientes durante los últimos ocho años.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), junto a agrupaciones como Article 19 y Reporteros Sin Fronteras, señalaron de manera directa que la fiscalía general guatemalteca se convirtió en una herramienta de intimidación para encubrir redes de corrupción y abusos de poder en el país centroamericano.
Ocho años de acoso estatal
De acuerdo con los informes de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citados en el documento, el aparato de justicia penal guatemalteco ejecutó un patrón sostenido de hostigamiento, vigilancia, detenciones arbitrarias y campañas de difamación. Esta crisis provocó el exilio forzado de más de 20 periodistas locales entre los años 2022 y 2023.
Las organizaciones indicaron que el caso emblemático de esta política represiva es el del periodista Jose Rubén Zamora. Su encarcelamiento y los múltiples procesos judiciales abiertos en su contra constituyen, según los denunciantes, procesos espurios y represalias directas por sus investigaciones sobre la corrupción estatal.
Demandas de cumplimiento inmediato
La coalición internacional presentó un pliego de siete acciones urgentes al despacho de García Luna para restablecer la credibilidad institucional del Ministerio Público. Entre las solicitudes destaca el archivo y desestimación de todas las causas penales sin sustento orientadas a castigar el ejercicio periodístico, así como la liberación de los comunicadores detenidos bajo medidas judiciales desproporcionadas.
Asimismo, demandaron la creación de garantías de seguridad reales para permitir el retorno de los corresponsales y editores exiliados, y pidieron una reestructuración profunda de la Fiscalía de Delitos contra Periodistas para acabar con la impunidad histórica que rodea los asesinatos y ataques contra la prensa en el territorio guatemalteco.
Las firmas del documento de exigencia internacional incluyen también a la Red Centroamericana de Periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Free Press Unlimited, Fundamedios y Protección Internacional Mesoamérica. Las agrupaciones advirtieron al nuevo jefe del Ministerio Público que no existe la democracia en un entorno donde el derecho penal se utiliza para infundir miedo y silenciar las voces críticas del poder público.
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