¿Qué dicen las cifras del matrimonio infantil en Perú? Debate crece tras comentarios de Balcázar

Las recientes declaraciones del presidente interino de Perú, José María Balcázar, que han circulado ampliamente en redes sociales y que fueron interpretadas como favorables al matrimonio infantil, reactivaron el debate sobre una problemática que continúa afectando a miles de niñas en el país sudamericano: las uniones tempranas y forzadas.

El tema cobra relevancia en un contexto donde organizaciones internacionales advierten que Perú mantiene cifras preocupantes de matrimonio infantil y embarazo adolescente, especialmente en zonas rurales y de alta pobreza. Las palabras del mandatario generaron críticas de sectores políticos y sociales, al considerar que podrían normalizar prácticas que el Estado intenta erradicar.

Balcázar ya había causado controversia en 2023 al cuestionar proyectos de ley para prohibir el matrimonio antes de los 18 años y sostener que relaciones desde los 14 años no deberían ser impedidas, comentarios que provocaron rechazo de organizaciones de derechos humanos y del Ministerio de la Mujer.

Más allá de la controversia política, los datos muestran que el matrimonio infantil sigue siendo una problemática estructural en Perú. Entre 2013 y 2022 se registraron al menos 4.357 matrimonios con menores de edad, la mayoría entre niñas de 11 a 17 años y hombres adultos.

Las cifras también evidencian un fuerte componente de desigualdad: el 98,4 % de estas uniones involucró a adolescentes mujeres con parejas mayores, lo que refleja patrones de poder y vulnerabilidad social.

El embarazo adolescente es otro factor crítico. En Perú, hasta 11 niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas cada día y varias de ellas terminan convirtiéndose en madres, fenómeno asociado a violencia sexual, pobreza y falta de acceso a educación.

Organizaciones como Plan International advierten que las uniones infantiles vulneran derechos fundamentales, limitan la educación, afectan la salud y perpetúan ciclos de pobreza y violencia de género.

A nivel global, cada año alrededor de 12 millones de niñas son forzadas a matrimonios o uniones tempranas, lo que evidencia que el problema trasciende fronteras y requiere políticas públicas sostenidas.

Perú aprobó recientemente una ley que prohíbe el matrimonio infantil, sumándose a otros países de América Latina que buscan erradicar esta práctica; sin embargo, especialistas advierten que la legislación por sí sola no elimina las uniones informales ni las causas estructurales que las generan.

En este escenario, las declaraciones de figuras políticas adquieren relevancia simbólica, ya que pueden influir en la percepción social de prácticas consideradas violaciones de derechos humanos.