SAN JOSÉ

Tribunal Electoral de Costa Rica pide retirar la inmunidad al presidente Chaves

  • 07/10/2025 12:50
Chaves acusa a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de frenar sus iniciativas de gobierno, mientras los jefes de estas instituciones le atribuyen derivas autoritarias.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica instó este martes al Congreso a retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves por presunta “beligerancia política”, dos semanas después de que el mandatario superara un pedido similar de la Corte Suprema.

El TSE había prohibido el 27 de junio a Chaves intervenir en la campaña de los comicios de febrero de 2026 -en los que no puede aspirar a la reelección-, al determinar que “aprovechó ilegítimamente” su cargo para “favorecer un programa político”.

La Constitución y el Código Electoral prohíben al presidente y a otros altos funcionarios participar en actividades políticas o electorales y usar sus cargos en beneficio de un partido.

El 22 de septiembre, el Congreso de Costa Rica rechazó quitarle la inmunidad a Chaves para que fuese juzgado por presunta corrupción, en la primera vez que un mandatario de este país con tradición democrática enfrentaba un pedido de desafuero.

Según un comunicado del TSE, el pedido para “el levantamiento de la inmunidad” fue tomado por denuncias presentadas por dirigentes políticos y legisladores opositores, entre ellos Ricardo Sancho Chavarría, presidente del Partido Liberación Nacional, Juan Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana.

Los magistrados del TSE estimaron “unánimemente” que “las denuncias superan la valoración de admisibilidad, pero [...] se debe solicitar previamente el levantamiento de su inmunidad a la Asamblea Legislativa, para luego abrir el procedimiento sancionatorio ordinario”.

Chaves, un economista conservador de 64 años y exfuncionario del Banco Mundial, ha dicho que espera que su partido obtenga una mayoría calificada en el Congreso para realizar una serie de reformas.

El mandatario acusa a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de frenar sus iniciativas de gobierno, mientras los jefes de estas instituciones le atribuyen derivas autoritarias.

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